Europa Press
11:19 • 10 mar. 2012
La vista oral contra el exalcalde de Zurgena (Almería) y actual edil de Obras Públicas y Servicios, Cándido Trabalón (PA), entre otros exconcejales, ha sido señalado para la última semana de noviembre. El juicio, por el que enfrenta una petición del fiscal de siete años de inhabilitación para empleo y cargo público por autorizar presuntamente 41 viviendas en suelo no urbanizable, fue suspendido al detectar el magistrado encargado de enjuiciar el caso un "vicio de nulidad" en el procedimiento.
Fuentes judiciales han informado a Europa Press de que la vista por supuestos delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio, cohecho y falsedad documental, se va a celebrar en cuatro sesiones los días 27,28,29 y 30 de noviembre ante el Juzgado de lo Penal número 2 de Almería. Trabalón forma parte del equipo de gobierno de Zurgena tras suscribir un pacto que daba la Alcaldía al PP tras los últimos comicios municipales.
En el acto de juicio está previsto que se sienten en el banquillo el exedil de Urbanismo, Manuel Tijeras (PA), los ex concejales también andalucistas Emilia Jiménez, Aniceto López y Miguel Marín Ramos --quien en 2007 concurrió a los comicios municipales bajo las siglas del PP-- y los exediles de PSOE Juan Morales y José Antonio Ramos, así como del PP, José Juan Sánchez.
El fiscal solicita en su escrito de calificación provisional la misma pena para todos ellos, así como para el técnico municipal y arquitecto Francisco Salvador Granados como presuntos autores de un delito de prevaricación. Interesa, asimismo, el pago de multa de 24 meses a razón de 12 euros al día.
Para la pareja que figura como responsable de la empresa que promovió las viviendas, Isidoro García y Francisca Muñoz, el representante del Ministerio Público pide dos años de prisión e inhabilitación por el mismo periodo de tiempo para ejercer profesión y oficio relacionado con la construcción, además de pago de sendas multas de 24 euros a razón de 30 euros al día.
Según consta en el escrito de acusación, los administradores de la mercantil Promociones ´Las Canaícas SL´, con sede en Albox, promovieron y construyeron en 2006 un total de 53 viviendas unifamiliares en los parajes zurgeneros conocidos como ´Barranco de Los Pinos´ y ´Cortijo Zurano´ sobre "suelo no urbanizable". Doce de esas edificaciones, que no llegaron a terminarse, "no contaban con licencia municipal y no eran autorizables".
Los 41 inmuebles restantes, continúa el fiscal, se construyeron "con conocimiento de que el suelo era no urbanizable" y con una licencia municipal concedida por los acusados que formaban parte entonces de la corporación local bajo informe favorable "emitido a sabiendas de su injusticia" por el técnico municipal Francisco Salvador Granados.
El regidor y los ediles tanto en el gobierno como en la oposición se constituyeron en pleno "y votaron favorablemente a la concesión de las citadas licencias" también "a sabiendas de su injusticia" pues "todos ellos --sostiene el Ministerio Público-- tenían conocimiento de que, conforme a la legislación vigente, las viviendas proyectadas estaban situadas en suelo no urbanizable".
En febrero de 2011, el juez ordenó que se diese traslado de las actuaciones por presunto delito de prevaricación tanto al Ayuntamiento de Zurgena, como a la entidad aseguradora del arquitecto procesado, en calidad de responsables civil subsidiarios y civil directo, para que formulase el correspondiente escrito de defensa. Daba, así, respuesta, a la solicitud expresada por las acusaciones particulares personadas en las que están representados una treintena de ciudadanos, en su mayoría residentes de nacionalidad británica, que adquirieron las casas supuestamente fuera de ordenación y con una licencia ilegal. Todos pidieron que se cursará ese trámite al incoarse procedimiento abreviado aunque el juzgado instructor no lo hizo.
Los dueños de los inmuebles, por los que pagaron alrededor de 200.000 euros, ejercen la acusación particular
Fuentes judiciales han informado a Europa Press de que la vista por supuestos delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio, cohecho y falsedad documental, se va a celebrar en cuatro sesiones los días 27,28,29 y 30 de noviembre ante el Juzgado de lo Penal número 2 de Almería. Trabalón forma parte del equipo de gobierno de Zurgena tras suscribir un pacto que daba la Alcaldía al PP tras los últimos comicios municipales.
En el acto de juicio está previsto que se sienten en el banquillo el exedil de Urbanismo, Manuel Tijeras (PA), los ex concejales también andalucistas Emilia Jiménez, Aniceto López y Miguel Marín Ramos --quien en 2007 concurrió a los comicios municipales bajo las siglas del PP-- y los exediles de PSOE Juan Morales y José Antonio Ramos, así como del PP, José Juan Sánchez.
El fiscal solicita en su escrito de calificación provisional la misma pena para todos ellos, así como para el técnico municipal y arquitecto Francisco Salvador Granados como presuntos autores de un delito de prevaricación. Interesa, asimismo, el pago de multa de 24 meses a razón de 12 euros al día.
Para la pareja que figura como responsable de la empresa que promovió las viviendas, Isidoro García y Francisca Muñoz, el representante del Ministerio Público pide dos años de prisión e inhabilitación por el mismo periodo de tiempo para ejercer profesión y oficio relacionado con la construcción, además de pago de sendas multas de 24 euros a razón de 30 euros al día.
Según consta en el escrito de acusación, los administradores de la mercantil Promociones ´Las Canaícas SL´, con sede en Albox, promovieron y construyeron en 2006 un total de 53 viviendas unifamiliares en los parajes zurgeneros conocidos como ´Barranco de Los Pinos´ y ´Cortijo Zurano´ sobre "suelo no urbanizable". Doce de esas edificaciones, que no llegaron a terminarse, "no contaban con licencia municipal y no eran autorizables".
Los 41 inmuebles restantes, continúa el fiscal, se construyeron "con conocimiento de que el suelo era no urbanizable" y con una licencia municipal concedida por los acusados que formaban parte entonces de la corporación local bajo informe favorable "emitido a sabiendas de su injusticia" por el técnico municipal Francisco Salvador Granados.
El regidor y los ediles tanto en el gobierno como en la oposición se constituyeron en pleno "y votaron favorablemente a la concesión de las citadas licencias" también "a sabiendas de su injusticia" pues "todos ellos --sostiene el Ministerio Público-- tenían conocimiento de que, conforme a la legislación vigente, las viviendas proyectadas estaban situadas en suelo no urbanizable".
En febrero de 2011, el juez ordenó que se diese traslado de las actuaciones por presunto delito de prevaricación tanto al Ayuntamiento de Zurgena, como a la entidad aseguradora del arquitecto procesado, en calidad de responsables civil subsidiarios y civil directo, para que formulase el correspondiente escrito de defensa. Daba, así, respuesta, a la solicitud expresada por las acusaciones particulares personadas en las que están representados una treintena de ciudadanos, en su mayoría residentes de nacionalidad británica, que adquirieron las casas supuestamente fuera de ordenación y con una licencia ilegal. Todos pidieron que se cursará ese trámite al incoarse procedimiento abreviado aunque el juzgado instructor no lo hizo.
Los dueños de los inmuebles, por los que pagaron alrededor de 200.000 euros, ejercen la acusación particular
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