Condenados a 17 años y 5 meses de prisión dos guardias corruptos de Níjar

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería condena a 17 años y 5 meses de prisión a los guardias civiles del puesto principal de Níjar acusados de robar hachís y marihuana a narcotraficantes (cumplimiento máximo de 13 años).

El tribunal respalda la posición mantenida por la fiscal antidroga María de los Ángeles Pérez e impone penas muy cercanas a las solicitadas en el escrito de acusación. Los agentes R. y J. se concertaron “para planear y ejecutar ‘vuelcos’ de sustancia estupefaciente o de dinero procedente de actividades de tráfico de drogas en posesión de terceros”, señala la sentencia consultada por LA VOZ DE ALMERÍA.

“El grupo así conformado era dirigido por los acusados R. y J., quienes se encargaban de planear las actuaciones delictivas aprovechando el conocimiento derivado de su función profesional, hasta tal punto que instruían al resto de acusados a fin de que en los vuelcos planeados fingiesen ser guardias civiles”, continúa.

Ese “resto de acusados” son S. C., Z. N., I. A., R. G., J. A. e I. M. Los cincos son condenados a penas entre 3 años y 10 meses y 8 años y 8 meses. Sus roles aparecen claramente definidos en la sentencia como subordinados o colaboradores de los agentes.

Como adelantó LA VOZ DE ALMERÍA, se les vincula con tres episodios concretos. A saber, el robo de un cargamento de marihuana en un camión conducido por un ciudadano lituano la noche del 26 de febrero de 2020, el intento de robo de una plantación de marihuana en una nave del polígono Santa Olalla de Níjar el 27 de junio de 2020 y el robo de 19 kilos de hachís entre Málaga y Almería el 11 de julio de 2020.

En total, la Audiencia Provincial impone penas a los agentes por la comisión de siete delitos: contra la salud pública, robo con intimidación, revelación de secretos, falsedad en documento oficial, robo con fuerza en grado de tentativa, robo con violencia y pertenencia a grupo criminal.

El proceso ha estado salpicado de dificultades desde el comienzo de las investigaciones. El asunto despegó con la captura del camión en la Venta del Pobre el 26 de febrero de 2020. Los agentes sabían que el remolque cargaba un alijo de marihuana y lo interceptaron a la altura del kilómetro 490 de la A7. Iban en el vehículo patrulla, oficial.

El camión fue escoltado hasta un callejón oscuro para ser registrado. Entonces se sumaron otros acusados con chalecos reflectan y una furgoneta blanca. El suceso es especialmente controvertido porque un vídeo de seguridad captó la secuencia, de noche y de lejos, pero la grabación no puede determinar cuántas bolsas pasaron del camión a la furgoneta.

El vídeo

El vídeo fue descubierto por un capitán de la Policía Judicial de la Guardia Civil y puesto a disposición de Asuntos Internos, que terminó por explotar la operación tras colocar micrófonos en el propio vehículo patrulla de los dos agentes corruptos.

Aunque el vídeo no aclara exactamente cuánta droga robaron, el tribunal de la Audiencia Provincial de Almería considera probado que, al menos, se llevaron un kilo de marihuana. Luego “dejaron voluntariamente en el doble fondo del camión 21 bolsas termoselladas” y avisaron a sus compañeros para aparentar una actuación policial.
El camionero lituano fue juzgado después y absuelto tras descubrirse que la operación estaba viciada por la actuación corrupta de R. y J. aquella noche de febrero. Aunque estaba citado como testigo en el juicio oral, nunca compareció.

El tribunal no duda de la veracidad del vídeo incriminatorio, aunque reconoce “un desfase horario”. “Este tribunal ha visionado las grabaciones y hemos constatado la absoluta coincidencia de las mismas con el relato contenido (...) se trata de una actuación no solo que no se corresponde con lo relatado en la diligencia de exposición, sino que revela que los agentes acusados J. y R. participaron en una actuación delictiva”.

Las defensas cuestionan la validez del vídeo y afirman que no puede distinguirse qué sucede en el remolque. Será, sin duda, motivo de discusión en el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Otros asuntos controvertidos serán las escuchas a los agentes (los seguimientos eran prácticamente imposibles en pleno confinamiento), el delito de robo con intimidación y la grabación de las sesiones (parte de las declaraciones no se filmaron por un error).