La Guardia Civil de Almería ha llevado a cabo recientemente una actuación tras la que se investigan a dos personas como autoras de un delito contra la propiedad industrial y se han intervenido un total de de 374 prendas textiles que se encontraban expuestas a la venta en un establecimiento público del municipio almeriense de Roquetas de Mar.
Esta actuación es consecuencias del análisis de riesgo y la obtención de información llevadas a cabo por la Guardia Civil de Almería en la prevención y comisión de aquellos delitos cometidos contra la propiedad industrial en establecimientos públicos de la provincia de Almería.
La actuación comienza cuando a raíz de las numerosas inspecciones que realiza el personal de la Guardia Civil en los establecimientos públicos de la provincia de Almería en materia fiscal.
Como consecuencia de una de estas inspecciones en un establecimiento del municipio de Roquetas de Mar, el personal de la Guardia Civil, detecta como numerosas prendas textiles, de primeras marcas, que se encuentra expuestas para la venta, no reúnen los requisitos legales establecidos para su circulación, tenencia y comercio lícito.
Al finalizar la inspección, los agentes la Guardia Civil determinan que un total de 374 prendas textiles, que carecen de facturación, de envases o envoltorios, de una calidad inferior a las originales de las primeras marcas, algunas sin el logo o marca registrada y en su mayoría cuentan con serigrafías de mala calidad realizadas con plantillas y estampación sin el consentimiento de la marca.
Como resultado final de esta actuación, la Guardia Civil de Almería interviene un total de 374 prendas textiles falsificadas que se encuentran expuestas para su venta en un establecimiento público del municipio de Roquetas de Mar e investiga a dos personas como autoras de un delito contra la propiedad industrial.
Las diligencias instruidas junto con las dos personas investigadas y las prendas intervenidas se ponen a disposición del Decanato de los Juzgados de Instrucción de Roquetas de Mar.
La Guardia Civil alerta que la compra de estos productos puede poner en riesgo la salud de los consumidores, conlleva la pérdida de derechos y contribuye al fraude.
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