Palomares: el Gobierno ofrece comprar suelo con plutonio a un euro el metro

Están afectadas 32 hectáreas de Vera y de Cuevas en 44 fincas de particulares y empresas

Terrenos bajo vigilancia radiológica en Palomares.
Terrenos bajo vigilancia radiológica en Palomares.
Manuel León
00:21 • 07 oct. 2022 / actualizado a las 00:23 • 07 oct. 2022

El ovillo de Palomares lejos de desenredarse y dejar vía libre para la limpieza del suelo contaminado desde hace más de medio siglo, vira hacia un nuevo nudo gordiano. La situación es que el Gobierno ha anunciado que en la próximas dos semanas completará la valoración económica de las fincas con restos de plutonio que pretende expropiar, se supone que como paso previo para ejecutar el Plan de limpieza redactado desde hace más de una década.



Sin embargo, la falta de acuerdo en el precio puede hacer retrasar aún más ad kalendas graecas esta rehabilitación del suelo, si, como es previsible, una buena parte de los 30 propietarios afectados no están de acuerdo con la oferta que presente el Ministerio por comprarles sus fincas y el proceso expropiatorio derive a un pleito en los tribunales ordinarios.



De momento, lo que ha transcendido es que el acuerdo del Consejo de Ministros para esta compra de suelo declarada de utilidad pública “para salvaguardar la salud de los vecinos y permitir la estrecha vigilancia de los terrenos” incluye una partida de 345.127 euros de presupuesto. Si se tiene en cuenta que la superficie a expropiar suma 324.073 metros, es decir algo más de 32 hectáreas, el precio medio a pagar por el Estado a los propietarios es de un euro el metro. Algunos de estos propietarios, entre los que se encuentran promotoras urbanísticas, sociedades agrarias de explotación y particulares, consideran que ese es un “valor irrisorio”.



De hecho, en un informe compulsado y diligenciado en 2007 del Ciemat al Consejo de Seguridad Nuclear sobre la ocupación temporal y costes estimados , al que ha tenido acceso este periódico, se asignó, en la estimación de costes, un valor de 17 euros para el metro de suelo rústico y de 83 euros para el suelo urbano. La mayor parte de los suelos a expropiar están en término de Cuevas, a excepción de cinco fincas, dos urbanas y tres rústicas que estás localizadas en Vera.



Otro caballo de batalla puede estar en una promoción urbanística que estuvo a punto de iniciarse en suelo urbanizable y que el Estado ahora podría considerar que revierte a rústico. Se trata de suelo con una superficie total de 18 hectáreas y que está localizado en zonas de Puerto Blanco, La Puntica y Sierra Almagrera.



El coste global del proceso de ocupación temporal de terrenos en las distintas zonas con radiación desde el año 2006 y las infraestructuras en los terrenos ocupados más las primeras expropiaciones de 2006 ascendía, en el documento del secretariado del Gobierno, fechado el 30 de agosto de 2010, a 7,5 millones de euros.



Los propietarios tendrán diez días para rechazar o aceptar la valoración del Gobierno de sus terrenos. De las 44 fincas afectadas, se ha remitido ya la valoración económica a cinco de sus propietarios. Si los afectados rechazan la oferta del Gobierno, el expediente pasará al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa para fijación de un justiprecio.



El Ciemat informó en su momento al Gobierno de que no era aconsejable formalizar nuevas fórmulas de ocupación temporal mediante contratos de arrendamiento, que se llevan prolongando desde hace ya 14 años.


El plan de limpieza no puede esperar más

La solución de Palomares solo tiene un camino: la limpieza de los terrenos contaminados con un kilo aproximado de plutonio que puede descomponer en americio. Para ello, el único camino es la aplicación del Plan de Rehabilitación del suelo redactado por el Ciemat hace una década y el traslado de los residuos a un cementerio nuclear.


El galimatías legal en los tribunales entre el Ciemat, el Consejo de Seguridad Nuclear y el Ministerio de Transición Ecológica con los quijotes de Ecologistas en Acción, hace que el horizonte no se aclare. El Supremo ha señalado para el 8 de noviembre el fallo del recurso de casación sobre este pleito histórico que afecta a la salud pública de la comarca.



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