La justicia no ve delito en la compra de láminas de Goya y absuelve a la acusada

La justicia ha dictado sentencia. No hubo delito alguno en la compra de 80 láminas de Goya adquiridas en 2009 por la entonces concejala socialista del Ayuntamiento de Carboneras, Josefa Cruz Orta.

El Juzgado de lo Penal Número 3 de Almería ha cerrado así el caso por el que la acusación particular solicitaba un año de prisión y ocho años de inhaiblitación contra la exedil por los presuntos delitos de prevaricación y malversación. Unas acusaciones adoptadas también por la Fiscalía pero que la magistrada María del Mar Alejo ha desmontado mediante el fallo judicial, emitido este 17 de octubre de 2022 y al que ha tenido acceso este periódico.

El caso se remonta al mes de agosto de 2009, cuando la entonces edil de Cultura adquirió para el Ayuntamiento 80 estampas de Francisco de Goya enmarcadas en una colección denominada ‘Los desastres de la guerra’ por un importe de 3.250 euros. Una láminas que poco después desaparecieron sin dejar rastro alguno hasta el día de hoy.

Las acusaciones apuntaban a la concejala por un presunto delito de prevaricación al no haber tramitado expediente para dicha compra siendo, según defendían, un gasto “innecesario y superfluo”. En este punto, la sentencia recuerda que al ser “un contrato menor” debido a su cuantía, la “legislación vigente” señala que en estos casos “la tramitación del expediente sólo exigirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente” según la normativa, definiéndose los contratos menores como aquellos que no supere los 18.000 euros.

Una tramitación llevada a cabo, tal y como figura en los documentos aportados a la justicia, en los que aparece resolución de la Concejalía de Cultura de fecha 31 de julio de 2009, por la que se acuerda la “aprobación del gasto correspondiente a la ejecución del contrato de suministro de 80 estampas” así como el “certificado obtenido a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Carboneras donde se recoge el acuerdo adoptado en sesión plenaria extraordinaria de 17 de julio de 2007”.

Ante estos hechos probados, la magistrada considera que “no concurren los requisitos que caracterizan el delito de prevaricación administrativa por el que se formula la acusación” y que la adquisición se realizó conforme a la ley.

¿Dónde están las láminas de Goya?
Potro otro lado, acerca del presunto de lito de malversación basado en que la colección no está presente en ninguna dependencia del Ayuntamiento ni figura en su inventario, la sentencia recuerda la declaración de la acusada, en la que aseguró que las obras “quedaron depositadas en el archivo del Ayuntamiento” y que cuando tuvo lugar el cambio en el gobierno municipal en 2011 se hizo “un inventario y que le consta que al abandonar el cargo las láminas continuaban en el archivo”.

Sin embargo, el alcalde entrante en ese entonces, Salvador Hernández, manifestó que al llegar al cargo y tras buscar las obras al tener conocimiento de su compra “las láminas no aparecieron jamás”. En este sentido, el secretario-interventor del Ayuntamiento carbonero entre 2006 y 2018 añadió “que mientras estuvo en el cargo no se hizo ninguna actualización del inventario” y que “cuando tuvo lugar el cambio en el gobierno municipal, se dejó la documentación preparada encima de la mesa para su aprobación” pero que “no pudo ver bien los documentos”.

De forma contraria, la declaración de una funcionaria del Ayuntamiento que se encontraba en la Administración en el momento de los hechos, refleja que sí “compulsó unos documentos", reconociéndolos en “los folios 128 a 139 de las actuaciones. Dichos documentos hacen referencia a una copia compulsada del certificado emitido por el secretario-interventor, Francisco Javier Rodríguez Rodríguez el 1 de julio de 2011 donde, según el fallo, se certifica “que en el Archivo Municipal se encuentran, entre otros bienes" una “edición facsímil de 80 láminas, de la Editorial Planeta de ‘Los Desastres de la guerra’ de Francisco de Goya”.

De este modo la magistrada considera probado que “la colección de estampas o grabados se encontraba en el Archivo Municipal” y la exconcejala socialista “no era depositaria ni tenía con respecto de las mismas obligación alguna de custodia” por lo que “en modo alguno puede inferirse que la pérdida o extravío resulte atribuible a la acusada, ni existe prueba alguna que acredite que la misma se hubiera apoderado de las láminas”, por lo que ha estimado procedente dictar una sentencia “absolutoria”.

Dictada la sentencia judicial, la única incógnita que ahora queda en el aire es la ubicación actual de unas láminas de las que nadie conoce su paradero desde hace al menos una década.