A propósito del Día de la Provincia

3 de diciembre de 1833. La Gaceta de Madrid, número 154. Martes. El artículo dos del Real Decreto de 30 de noviembre oficializa que Andalucía, “que comprende los reinos de Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla”, se dividirá territorialmente en ocho provincias. Es, sí, el segundo nacimiento de la nuestra. Un parto disruptivo, que rompía con la tradición medieval de pertenencia al Reino de Granada. Aunque no el primer parto. 

Como señala el catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la UAL, Andrés Sánchez Picón, el debate acerca de la creación de la provincia de Almería se decidió en las Cortes durante el Trienio Liberal (1820-1823). Y aunque después retornó el absolutismo de Fernando VII -y su vuelta a la organización territorial histórica-, la inercia llevó en 1833 al ministro de Fomento, Javier de Burgos, a dar luz a la configuración propuesta y aprobada una década atrás. 

Los investigadores de la Universidad de Granada Jesús Marina y María José Ortega sostienen que, en realidad, la idea de crear una España dividida en nuevos territorios tuvo su primer hito en 1813. Se propuso, entonces, un país con 44 provincias o gobernaciones, aunque de varias categorías, al calor del espíritu de Cádiz. 

En los años 20, período liberal, dice Picón que la primera idea fue dibujar una provincia para el Oriente de Granada con capital en Baza. Emerge ahí la figura de Francisco Torre-Marín, diputado almeriense, y coincide con la presión de Javier de Burgos, propietario entonces de varios diarios madrileños -y columnista-, que en 1821 fue un gran aliado. 

Almería

Vencidas las navidades, el 27 de enero de 1822 se produce el primer alumbramiento de Almería como provincia. Han pasado 200 años. Era el principio del final de la estructura periférica del Antiguo Régimen. El adiós a los señoríos y a los reinos. El origen de un estado nuevo que, con serios y duros altibajos, ha perdurado en el tiempo hasta confluir, en delicada convivencia, con la contemporánea y democrática España de las autonomías. 

Este martes celebramos el Día de la Provincia, aunque el acto central lo vivimos el domingo en Los Gallardos. El libro de actas de sesiones del 15 de noviembre de 1835 se conserva en el archivo general de la Diputación de Almería. Alejado ya el ruido político sobre la idoneidad del mantenimiento de esta institución en el esquema territorial español, la realidad es que hace hoy 187 años del origen de la Diputación almeriense, que son los mismos años que el BOPA lleva publicándose como anunciador diario de órdenes, disposiciones  y otras historias que, en lo informativo, son poco comestibles. 

En pleno debate acerca de la invasión de competencias entre administraciones, el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, decía este lunes en Sevilla -en un foro de Europa Press- que la asunción de competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación es la consecuencia natural del distanciamiento de otras instituciones de la política de instinto municipal. Esto es: las diputaciones se atreven a llenar el silencio de otros. 

Aunque la Diputación de Almería ejerce el rol de plataforma de prestación de servicios en materias tales como el tratamiento de residuos en los municipios menores, la extinción de incendios, la democratización del acceso a la cultura y el deporte local o el mantenimiento de sus 1.200 kilómetros de carreteras y proporciona también asistencia jurídica, económica y técnica a los municipios medianos y pequeños, cierto es que asume competencias delegadas sujetas a convenios con la JJAA y que cumple su deber de asegurar el ejercicio de las competencias municipales. 

La Diputación

Un ejemplo palmario es el hecho contradictorio y chocante de haber financiado la construcción de centros de salud. Otro, y no menor, son los 13 centros de Servicios Comunitarios repartidos por toda la provincia. Podrían ser centros autonómicos, sí, pero la gestión de la ayuda a domicilio, teleasistencia, reinserción social, detección de situaciones de pobreza y valoración de casos de exclusión social la hacen trabajadores con nómina de la Diputación de Almería. 

Aunque la gran novedad en el discurso de Javier Aureliano García es la petición expresa a la JJAA de integrar a las diputaciones en el reparto de fondos de la Patrica (Participación de las Entidades Locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía) y exigir al Gobierno una mayor transferencia de dinero público. Asegura García que es preciso clarificar competencias, pero desde la premisa de un nuevo modelo de financiación. 

Es ahí, creen algunos presidentes de diputaciones -y de todos los signos-, donde radica el problema de raíz. Un problema identitario. Esta institución, que va para dos siglos, no puede ser tratada en un plano de subordinación a la administración del Estado y de las comunidades autónomas. No es una exageración retórica, una hipérbole estratégica, decir que la Diputación es el gobierno de esta provincia. Por su legitimidad constitucional, por su ganada capacidad jurídica, pero, sobre todo, por su demostrada utilidad para intervenir con rapidez, eficiencia y cercanía en el paisaje abrupto de la entidad local más allá del signo político temporal del poder ejecutivo, las diputaciones son instrumentos mediadores para garantizar la solidaridad y el equilibrio intermunicipales -así lo sostiene el Tribunal Constitucional en su doctrina-. 

En síntesis, el órgano que gobierna esta provincia bicentenaria es la Diputación. Sus diputados son primero concejales y después diputados. Sin esta vieja institución, Benitagla no tendría cajero automático para mitigar el efecto de la huida de los bancos de los núcleos no rentables. No tendría una nave municipal para gestionar lo poco. No podría acondicionar la travesía que conduce a Benizalón. No habría podido asegurar el suministro de agua. No tendría un centro Guadalinfo. 

Datos son amores. Uno de cada tres pueblos de Almería tienen menos de 500 habitantes censados y 82 municipios cuentan con menos de 5.000 residentes empadronados. ¿Propone Madrid o Sevilla un modelo alternativo para cohesionar los territorios?