La Mesa del Agua de Almería se suma este miércoles a la
concentración convocada por el Sindicato Central de Regantes del
Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) ante las puertas del Ministerio para
la Transición Ecológica y Reto Demográfico en Madrid para
protestar contra la vicepresidenta tercera y ministra Teresa Ribera a
la que acusan de firmar la "sentencia de muerte del sector
agroalimentario" de Levante.
La entidad considera que
la revisión a la baja del trasvase Tajo-Segura "pone contra las
cuerdas" al sector agrario, ya que no existe "alternativa"
a la disminución del volumen de agua disponible.
Por otro
lado, alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, ha llamado a
participar en la concentración ya que, según ha remarcado, "sin
agua no tenemos futuro, no solamente en el tema agrario, sino para
cualquier otro ámbito de nuestra sociedad" al tiempo que ha
subrayado que el municipio "depende" del agua procedente
del trasvase Tajo-Segura.
"No es sostenible para
nuestra agricultura y por ello nos encontramos en la obligación de
sumarnos a la movilización y hacer este llamamiento a todos los
regantes para evitar las consecuencias", ha concluido.
La
Comunidad de Regantes de Pulpí ha puesta a disposición de autobuses
con salida sobre las 4,00 horas del día 11 de enero desde la zona de
aparcamiento del Pabellón Municipal de Deportes ´La Legua´.
La
protesta comenzará en la Plaza de San Juan de la Cruz en torno a las
10:30 horas bajo el lema "En el Levante, sin trasvase, desierto
y paro" ante acuerdo para aumentar el caudal ecológico del río
Tajo de aquí a 2027 que supondrá una disminución de las
aportaciones del acueducto Tajo-Segura a los caudales de las
provincias de Alicante, Murcia y Almería de unos 105 hectómetros
cúbicos.
Los regantes protestan porque estiman que este
recorte a las transferencias de agua de riego provocarán la pérdida
de 15.000 empleo y una reducción de valor patrimonial de 5.692
millones de euros y defienden que "no hay alternativa a la
disminución del volumen de agua disponible".
Para el
Círculo por el Agua y SCRATS, esta decisión carece de justificación
técnica y deriva de la propuesta de incrementar los caudales mínimos
en el eje del río Tajo, lo que supone una rebaja de los caudales
susceptibles de ser trasvasados.
En concreto, explican que
la previsión de disminución de aportes a las provincias de
Alicante, Murcia y Almería es de 105 hectómetros cúbicos, lo que
representa 78 hectómetros menos para el regadío que la media actual
y 27 hectómetros cúbicos menos para abastecimiento de la
población.
Los convocantes califican de "paradójico"
que el Levante tenga que "seguir luchando" para disponer de
los recursos necesarios para seguir generando riqueza, empleo y
progreso. Así, opinan que esta es una "clara evidencia de que
algo se está haciendo mal" en la planificación hidrológica
española.
Por otro lado, advierten de que esta
disminución de aportación hídrica a través del trasvase se
traducirá en un aumento del precio del agua de boca para los
consumidores, porque aumentará la dependencia del agua desalada,
cuyo coste e impacto ambiental es mayor.
Con todo,
aseguran que las medidas de mejora de la depuración y la
modernización de regadíos en la cuenca del Tajo son una evidencia
de que la causa de que no se alcance el buen estado ecológico del
río no es la falta de caudal, por lo que, a su juicio, "existe
una intencionalidad exclusivamente ideológica del Gobierno de
España".
Así, acusan al Ejecutivo de haber puesto
"entre las cuerdas" al sector agrario que tiene mayor
índice de productividad en España, así como de "desestabilizar
el futuro de toda la sociedad del Levante", dejando a un lado
los criterios de solidaridad, sostenibilidad y vertebración del
territorio.
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