El Gobierno andaluz va a recurrir ante el Tribunal Supremo el Real
Decreto aprobado en Consejo de Ministros por el que se incluye un
caudal ecológico mínimo en el río Tajo, que se aplicará de forma
progresiva y que tiene como consecuencia el recorte gradual del
trasvase Tajo-Segura de entre 70 y 110 hectómetros cúbicos hasta
2027.
Fuentes de la Administración
andaluza han confirmado que elevarán ante el Alto Tribunal una
petición sobre la decisión del Ejecutivo central; algo en lo que ya
trabajan los servicios jurídicos del Gobierno autonómico según ha
avanzado la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural,
Carmen Crespo.
"Es un atropello del
Estado que no tiene precedentes", ha manifestado la consejera,
quien ha afirmado que tras las conversaciones con el resto de
comunidades autónomas, "especialmente con Murcia", se ha
acordado llegar hasta donde haya que llegar para defender los
intereses de los andaluces" y evitar este "ataque a los
trasvases y la solidaridad del agua", según lo ha
considerado.
En declaraciones ante los
medios durante su paso por la feria Madrid Fusión, la titular
andaluza de Agua ha incidido en que la postura adoptada por
Ministerio para la Transición Ecológica es "injusta a
sabiendas" y parte de un posicionamiento "ideológico"
y "contra natura" por el que el Gobierno "quiere
restar a los trasvases de este país".
En este sentido, Crespo ha vuelto a apelar a la existencia de
estudios científicos que sitúan como medida para un caudal
ecológico los seis metros cúbicos por segundo frente a los 8,65
metros cúbicos por segundo recogidos en el plan hidrológico, con el
que "quitan al Levante español 105 hectómetros cúbicos"
de agua al año, y que repercute en la actividad de los agricultores
que "están exportando al resto del mundo y están dando empleo
de calidad y sostenibilidad".
"Es
injustísimo", ha recalcado la representante del Ejecutivo
autonómico andaluz, quien ha apuntado que el propio dictamen emitido
por el Consejo de Estado, que era preceptivo pero no vinculante,
"recoge las alegaciones de Andalucía" y avisa de la falta
de "coordinación" entre los planes hidrológicos de Tajo y
el Segura.
De la misma forma, ha afirmado
que en el marco del Consejo Nacional del Agua se consiguió llegar a
"un acuerdo de siete metros cúbicos por segundo" que,
posteriormente, el Gobierno central "rompió de forma
unilateral" al dar "carpetazo al acuerdo" para
reformular ese caudal ecológico. "Nos parece un problema
gravísimo para el futuro con mayúsculas, una decisión injusta, un
atropello a los intereses de los levantinos de Valencia, Murcia y
Andalucía", ha abundado la consejera andaluza.
Con ello, ha insistido en que los trasvases "son la
demostración de la solidaridad de España entre regiones" para
que "lo que sobra en unos territorios venga a otros" en los
que los recursos hídricos puedan transformarse "en productos"
y dar "abastecimiento" a la población. "¿Habrá algo
más injusto que restar lo que sobra en otros territorios de forma
caprichosa, sin decisiones basadas en cuestiones científicas?",
se ha planteado.
Crespo, quien ha abogado
por mantener los trasvases más allá de que en los territorios
"secos" se apueste por sistemas para la regeneración de
aguas y la desalación, ha planteado además el uso que dará
Portugal al agua que les llega a través del Tajo, pudiendo ser "más
inteligentes que los españoles" al trasvasar desde Alqueva
hasta la región del Algarve, en el sur del país.
El Partido Popular de Almería considera que es un ataque directo a la provincia
El diputado nacional del Partido Popular de Almería, Miguel Ángel Castellón, ha destacado hoy que el recorte del trasvase Tajo-Segura perpetrado ayer por el Consejo de Ministros es un “ataque directo de Pedro Sánchez a la provincia de Almería” que va a suponer la ruina para cientos de agricultores y familias que viven de este sector primario en el Levante almeriense.
Castellón lamenta que Pedro Sánchez no haya escuchado el clamor de los agricultores de Almería, Murcia y Alicante, que le han pedido en muchísimas ocasiones que no perpetre esta tropelía que va a suponer la pérdida de muchísimos empleos y de generación de riqueza en la provincia.
Se trata de un nuevo castigo en materia hídrica a una tierra especialmente perjudicada por la sequía y a la que el Partido Socialista también dejó sin el agua del Trasvase del Ebro, una decisión errónea y perjudicial para los almerienses, a la que ahora se suma un nuevo recorte de agua injustificado.
“Estamos ante una situación en la que no prima el sentido común, sino que prima una decisión política unilateral, sin consensuar y sin tener en cuenta los criterios de los técnicos que abalan que esta modificación de los caudales ecológicos no era necesaria”, ha lamentado.
Miguel Ángel Castellón critica además que no se tenga en cuenta la “solidaridad del agua” y explica que toda la que ahora no llegue al Levante almeriense se tirará directamente al Océano Atlántico. “Los agricultores no quieren más agua de la que les corresponde pero sí que aquella que nadie va a usar y que se va a verter al mar llegue al Levante almeriense, porque ellos con su trabajo y esfuerzo van a cultivar productos saludables que llegan a las despensas de todos y además van a generar trabajo para muchas familias que viven de la agricultura”, explica.
El diputado del PP insta a los diputados del PSOE de Almería a dar la cara y explicar por qué guardan silencio y no exigen a Pedro Sánchez que rectifique. “Es lamentable que los diputados y senadores del PSOE se plieguen a los intereses de su partido, a los de Pedro Sánchez y a los de sus socios de gobierno, en lugar de defender a la provincia de Almería y los intereses de los almerienses que no olvidarán fácilmente este nuevo castigo perpetrado por un Gobierno que solo premia a violadores y delincuentes sexuales rebajándoles las penas y a terroristas acercándolos a las cárcel del País Vasco”, asegura.
Por último, Miguel Ángel Castellón recuerda al Gobierno de Sánchez y a la ministra Teresa Ribera, quien ayer aseguro que “Almería tendrá agua, pero daremos seguimiento al calendario de inversiones en estos territorios” que las obras de desalación a las que se ha referido la ministra estaban proyectadas con anterioridad a la modificación de los caudales ecológicos.
“No están hablando de una alternativa, sino de obras que ya estaban planificadas y que se preveían para Andalucía hace mucho tiempo, obras que los almerienses llevan años demandando y que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha ejecutado”, ha explicado.
El diputado del PP concluye recordando que Andalucía, junto a Murcia y a la Comunidad Valenciana, está estudiando la fórmula jurídica más adecuada para plantear un recurso a la decisión de recortar el trasvase Tajo-Segura que condena a muerte al Levante español.
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