La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha negado que entre los planes de su departamento se encuentren los de privatizar hospitales, como el que se construye en la actualidad en el municipio almeriense de Roquetas de Mar.
García ha respondido de esta forma a la coalición de izquierdas Por Andalucía, formada entre otras organizaciones por IU y Podemos, que alude a una modificación de las tarifas de servicios sanitarios concertados para denunciar que el Gobierno autonómico prepara una “privatización” de la Atención Primaria.
La portavoz parlamentaria de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, concretó este lunes que la propuesta de Salud, negada por la consejera, sería convertir los hospitales “en una especie de edificios de coworking en los que, tras invertir dinero público en remodelarlos y equiparlos, trabajarán por encargo las empresas privadas beneficidas por los conciertos”.
Hasta tres centros hospitalarios enumeró Nieto, según Europa Press: el de Roquetas de Mar, el HARE de Lepe (Huelva) y el antiguo Hospital Militar de Sevilla.
Si se aprueba en los términos previstos la orden que elabora la Consejería de Salud y Consumo, “se permitirá por primera vez en la historia concertar con clínicas privadas la atención primaria, estableciendo los precios que pagará el Servicio Andaluz de Salud, el SAS, por estos servicios”.
Sindicatos han reaccionando no descartando movilizaciones y Por Andalucía ya ha pedido explicaciones a la consejera en el Parlamento.
Desmentido
La Consejería de Salud y Consumo emitió a media mañana de este lunes un comunicado negando las acusaciones de la coalición y la propia consejera lo ratificó ante los periodistas en Antequera.
“En Andalucía no se va a producir ningún tipo de privatización en los centros sanitarios públicos, ni Atención Primaria ni Hospitalaria”, comenzaba el texto del comunicado de Salud.
Explicaban que el nuevo proyecto – “una modificación de una orden que ya existía con los gobiernos andaluces del PSOE” – sobre orden de tarifación para concertación de asistencia sanitaria mejora al derogado de 1998, no solo en la que actualiza la obsolescencia anterior, sino que aporta otros beneficios.
Así las cosas, se establece un marco económico máximo fijo para todos los procedimientos que se pudieran concertar en la comunidad autónoma de Andalucía y se contemplan todas las posibilidades de asistencia sanitaria que pudieran llegar a ser concertadas si en algún momento crítico puntual fuera necesario (incluidas todo tipo de consultas, tanto de Atención Primaria como especializada).
“Lo que se pretende con este nuevo proyecto de Orden es prever y normativizar las tarifas de concertación de todos los procedimientos para que llegado el caso estas no se puedan concertar a la tarifa que se considere oportuna como así ha ocurrido en otras comunidades autónomas como Extremadura, Castilla la Mancha o Valencia”, precisan.
Desde Salud inciden en que tener previsto en una norma es obligación de toda Administración porque es una señal inequívoca de previsión para cualquier tipo de contingencia, por ejemplo: pandemias, situaciones de catástrofe, etc.
“El SAS quiere recordar la apuesta decidida por la sanidad pública del Gobierno de la Junta, que ha puesto en marcha 34 nuevas instalaciones sanitarias que eran muy necesarias en las ocho provincias desde 2019. Se han inaugurado 6 hospitales, 4 nuevos hospitales de día, 9 centros de salud, 9 nuevos ambulatorios, 3 centros de urgencias y 3 centros de atención infantil temprana”, concluyen.
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