Condenada por amenazar y agredir a una sanitaria en el Poniente

El Juzgado de lo Penal número 2 de Almería ha declarado culpable de un delito de atentado y otro de amenazas a una mujer que agredió y amenazó a una profesional del área de Hospitalización del Hospital Universitario Poniente.

En la sentencia, se condena a la agresora, por el delito de atentado, a un año y seis meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el mismo periodo; y por el delito de amenazas, a un año de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. Además, la condenada deberá asumir el pago de las costas judiciales. 

Los hechos se produjeron en febrero de 2020, cuando la condenada se encontraba en el centro en calidad de familiar acompañante de un paciente ingresado e intentó agredir en varias ocasiones a una auxiliar de enfermería durante el ejercicio de sus funciones asistenciales, además de proferir contra ella insultos y amenazas.

Desde el momento en que se produjeron los hechos el Hospital Universitario Poniente ha puesto a disposición de la afectada todas las medidas de apoyo incluidas en el Plan de Prevención y Atención de Agresiones del sistema sanitario público de Andalucía, que incluyen asistencia psicológica y asesoramiento jurídico. El centro se personó además como acusación particular en el procedimiento judicial. 

La agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial está recogida en el Código Penal como un delito de atentado contra la autoridad. 

Plan de Prevención frente a las Agresiones 

La Consejería de Salud y Consumo condena cualquier tipo de violencia, tanto física como verbal, dentro o fuera de un centro sanitario, recordando que bajo ningún concepto o circunstancia pueden justificarse este tipo de actuaciones.  

El Plan de Prevención y Atención de Agresiones del sistema sanitario público de Andalucía incluye tanto medidas preventivas para luchar contra los ataques como un protocolo de actuación una vez que se produce cualquier situación de violencia. Entre las medidas preventivas se encuentran la instalación de sistemas de seguridad (cámaras de videovigilancia, timbres avisadores, guardias de seguridad, etc.) como formación para que los profesionales aprendan a actuar ante situaciones de tensión. En los casos en los que se produce la agresión, el plan contempla apoyo psicológico y asistencia jurídica para las víctimas.