Oria

El Tribunal Supremo confirma la absolución del alcalde de Oria

El Supremo tampoco ve prevaricación al impedir la toma de posesión de la secretaria municipal

El alcalde Marcos Reche
El alcalde Marcos Reche La Voz
Javier Pajarón
19:45 • 28 feb. 2023

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la absolución del alcalde de Oria, el popular Marcos Reche, acusado de un delito continuado de prevaricación administrativa. El alcalde impidió la toma de posesión de la secretaria interventora nombrada en 2013 por “una situación económica bastante precaria” del Ayuntamiento de Oria en aquellas fechas, “existiendo incluso retrasos en el pago de las nóminas de los trabajadores”.




“Durante los dos últimos años se han llevado a cabo algunos despidos de personal, sin que la situación se haya visto especialmente aliviada. El hecho de incrementar nuevamente el gasto de personal podría suponer un empeoramiento de la situación, provocando mayores retrasos en el pago de las nóminas del personal”, alegó el alcalde.




La denunciante estaba empleada en el Ayuntamiento de Lubrín y solicitó a la Dirección General de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía para el puesto en Oria.




El Juzgado de Purchena abrió diligencias contra Marcos Reche por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación. El regidor se enfrentaba a una petición de diez años de inbilitación para empleo o cargo público.




La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería absolvió al alcalde y el TS rechaza ahora el recurso de casación. “No proclama el Tribunal que la oposición del acusado a que la acusada se incorporara a su puesto de trabajo mientras lo reclamó, esto es, en el periodo que medió hasta que se incorporó a un destino distinto, fuera un comportamiento que el recurrente supiera inviable en derecho y que fuera su voluntad transgredirlo por su personal capricho”.




Cuando se produjo el nombramiento tenía una deuda aproximada de 2,5 millones de euros, lo que representaba más del 140 por ciento del presupuesto. Los funcionarios sufrían tres meses de retraso en sus nóminas. “Los hechos se contextualizan en una época de crisis económica a la que no era ajeno el Ayuntamiento”.





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