Amat pide al Gobierno baje el precio del agua de consumo humano

El alcalde de Roquetas de Mar ha dictado un Decreto por el que va a recurrir la Orden de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que rebaja el precio del agua para regadío pero deja fuera de esa rebaja el agua para consumo.

La inversión de la Desaladora del Campo de Dalías fue clasificada por Acuamed como una actuación “con recuperación ordinaria”. Esto venía a significar que el precio de la desaladora se recuperaría en su totalidad a través de tarifas abonadas por los usuarios que hicieran uso de su explotación”.

El convenio regulador asigna a Roquetas 9,5 hectómetros cúbicos de agua al año de los 30 que produce la desaladora y había un aporte adicional de 5,1 hectómetros cúbicos que no consume El Ejido para regadío. El resto de la producción de la desaladora hasta 17,4 hectómetros cúbicos se asignaron a abastecimiento de la población.

Las tarifas han ido variando para los usos agrícola y de abastecimiento. El pasado año, Acuamed propuso repercutir directamente el incremento de la tarifa eléctrica en el coste del agua desalinizada, con lo que el precio pasó de 0,5675 euros por metro cúbico a 1,4390 euros el metro cúbico. Eso ha supuesto para el Ayuntamiento de Roquetas de Mar pasar de pagar más de 5 millones de euros por la compra de agua desalada en 2021, a pagar más de 13 millones en 2022 (un 154% más) y más de 17 millones en 2023 (un 27% más que el año anterior).

Para paliar estos negativos incrementos de la factura del agua, en lo tocante a regadío el Gobierno, a causa de la sequía, fijó un precio del agua de la desaladora del Campo de Dalías para regadío en 0,475 euros el metro cúbico; “sin embargo, no se previó la adopción de ninguna medida que evite que el precio del agua para abastecimiento exceda de la capacidad económica de los usuarios, pese a ser los que directamente lo soportan”, afirma Amat.

El alcalde recuerda que es la Sociedad Estatal Acuamed es “la que monopoliza” el agua de abastecimiento de agua potable de calidad y que es ésta la que “fija de forma unilateral la tarifa”, lo que ha supuesto en estos últimos dos años “un incremento de la tarifa del 181% lo que, por sí mismo impide la sustentación del servicio por los usuarios”.

Lo que solicita Gabriel Amat es que el Gobierno aplique “la exención parcial de los costos para abastecimiento a la población” y critica que no se tienen en cuenta para establecer las tarifas del agua de abastecimiento “los criterios sociales y económicos, ni las peculiaridades físicas y socioeconómicas” del municipio “procediendo al traslado directo de los costes energéticos a unos y eximiendo a otros” e imponiendo “a los usuarios del agua desalinizada una subida desproporcionada”.

Para el alcalde de Roquetas de Mar, la Orden de la ministra “ha de partir de una tarifa asumible en unos servicios públicos urbanos de abastecimiento (y saneamiento de agua) que son esenciales”. Explica que la Orden “asigna un recurso hídrico de buena calidad, como es el agua desalinizada para regadío”, pero “provoca que el abastecimiento de agua se tenga que nutrir para abaratar el precio de agua de un acuífero sobreexplotado y con agua de mala calidad”.