Los inmigrantes llegan a pagar hasta 6.000 euros por un contrato de trabajo

Los datos que aporta el estudio sobre la situación de los inmigrantes en la comarca de Níjar, extensibles a otros municipios almerienses, destacan las dificultades para acceder a unas condiciones laborales dignas, pero también a la proliferación de entramados de quienes se aprovechan de la necesidad para obtener beneficios.

El informe, promovido por Almería Acoge y sustentado en las más de 700 entrevistas personales realizadas por el equipo que encabeza Ángel Madero, señala que en torno al 12 por ciento de esos trabajadores han tenido que pagar para conseguir un contrato que las abra las puertas a la regularización de su situación.

Víctimas
La práctica totalidad de estas prácticas se producen ante la necesidad de aquellos inmigrantes que se encuentran en situación irregular en la provincia, lo que “facilita el que en muchos casos sean víctimas de estafas o de abusos”, señala el trabajo de Almería Acoge.

A la hora de entrar en la casuística se comprueba que un número considerable de personas, que podría rondar las 500, la gran mayoría de ellas habitantes de los asentamientos repartidos por la comarca de Níjar, reconocen que “han tenido que pagar para conseguir un contrato de trabajo.

El estudio indica que, en base a las declaraciones de los encuestados, esos pagos se mueven en una horquilla que va desde los mil a los 6.000 euros, aunque se indica que el precio más habitual está en 5.000 euros, dinero que han tenido que conseguir aceptando en muchos casos trabajar sin contrato o con condiciones por debajo de lo que recoge el convenio colectivo.

Imprescindible
El ansia por conseguir esos contratos es lógica si se piensa que es un documento clave para el proceso de regularización de la situación administrativa de esos trabajadores, e incluso mantener la misma y no caer en una ‘irregularidad sobrevenida’.

En cualquier caso la mayor parte de los inmigrantes no han llegado a pagar, y que se encuentran en situación administrativa irregular, manifiestan que no lo han hecho por no disponer del dinero suficiente, pero que es la única forma de conseguir un contrato.

Irregularidades
Pero el pago por contratos no es el único problema que han de afrontar estos trabajadores extranjeros. Una de las prácticas evidenciadas en el informe es la que se refiere al cobro de los jornales por los trabajos realizadas y es que el 11 por ciento de los encuestados manifiesta tener que pagar a un tercero (normalmente intermediarios) parte de ese jornal.

Entre los que se benefician de esa ‘mordida’ pueden estar el propio jefe, supuestamente para pagar la Seguridad Social, o el ‘menijero’ que les consigue el trabajo. Aunque lo normal es que en el precio por comprar el contrato esté incluido el pago de esa seguridad social.

Ya dentro de las condiciones laborales, el 88 por ciento reconoce que le han pagado por debajo del jornal, un 14 por ciento de ellos incluso por debajo de 20 euros sobre la cantidad legalmente establecida. Un 32,4 por ciento manifiesta además que en alguna ocasión les dejaron de pagar ese jornal. El problema radica en que es muy difícil que lleguen a denunciar ante el temor de ser repatriados.