Palomares: Justiprecio para una veintena de fincas bajo vigilancia radiológica

El Jurado Provincial de Expropiación ha fijado el justiprecio de una veintena de fincas que se ubican en el área bajo vigilancia radiológica de Palomares, en los términos municipales de Vera y Cuevas del Almanzora (Almería), después de que los propietarios y el Estado no alcanzasen acuerdo económico en el marco del procedimiento forzoso iniciado en 2021 por el Gobierno sobre suelos que "continúan afectados" desde 1966 por la caída de cuatro bombas termonucleares tras la colisión en el aire entre un bombardero y un avión nodriza de las fuerzas aéreas de EEUU.

La decisión de expropiar forzosamente un total de 44 fincas con una superficie de poco más de 32,4 hectáreas se adoptó en Consejo de Ministros tras un informe del Ciemat que indicaba que "no era aconsejable" una "nueva prórroga" de la ocupación temporal que se decretó en 2010, y tampoco de los contratos de arrendamiento firmados con los dueños de algunas de ellas a la espera de que se concrete en Plan de Rehabilitación de la zona con la implicación de EEUU y que prevé limpiar 50.000 metros cúbicos de tierra contaminados con plutonio y americio.

Según han indicado a Europa Press fuentes de la administración, se han notificado resoluciones del Jurado Provincial de Expropiaciones, que fueron dictadas en junio, a los propietarios de "una veintena" de fincas, si bien aún quedan expedientes por sustanciarse, lo que se hará en "sesiones a celebrar próximamente".

La mayor parte de los 324.073 metros cuadrados, a excepción de cinco fincas, tres urbanas y dos rústicas que están localizadas en el término municipal de Vera, se ubican en Cuevas del Almanzora, y tienen naturaleza rústica de acuerdo a la calificación que hace el ministerio.

Entre los afectados hay particulares, sociedades agrarias de transformación (SAT), los dos ayuntamientos de los municipios en los que se localiza el suelo contaminado y constructoras que adquirieron el suelo en su día con calificación de urbanizable para uso residencial.

Así, una de las promotoras inmobiliarias concentra la propiedad de 18,5 hectáreas, de las que 9,8 son rústicas según el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, si bien cuando fueron sometidas a un proceso de ocupación temporal tenían previsto desarrollo urbanístico.

Las resoluciones del Jurado Provincial de Expropiación siguen la línea de desestimar las alegaciones que presentaron los afectados contra la valoración económica hecha por el Estado, que difiere sustancialmente con las hojas de aprecio aportadas por los propietarios del terreno.

Fuentes consultadas por Europa Press han señalado que el justiprecio que se ha fijado en los casos ya analizados alcanza los 6.856,2 euros por hectárea, sea cual sea la condición del suelo, por lo que "la mayoría" de los expedientes incoados llegarán al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por la vía del recurso contencioso-administrativo.

Han precisado que el Jurado Provincial de Expropiación entiende que la tasación del suelo ha de realizarse "con arreglo a su valor a la fecha del inicio del expediente de justiprecio", y apunta que, de manera "indubitada", los suelos se encuentran en "situación básica de suelo rural" tal y como sostuvo la administración.

Añade que, en ningún caso, "pueden tenerse en cuenta las expectativas urbanísticas que no hayan sido plenamente realizadas" y hace referencia a la valoración contenida en el informe técnico del ingeniero agrónomo.

El Jurado Provincial de Expropiación alude a los usos y aprovechamientos medios existentes en la zona y las características agronómicas, la climatología, la edafología, la orografía, minería, linderos y las infraestructuras existentes en la zona y concluye que a las fincas les corresponde el valor de un suelo rural "en caso de imposible explotación".