Europa Press
22:05 • 02 may. 2012
La Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense, integrada por 14 ayuntamientos, va a debatir hoy en pleno una moción presentada por el Ayuntamiento de Carboneras en la que se insta a alcanzar un acuerdo que, partiendo de la “legalidad incuestionable” del hotel de Azata en el paraje de El Algarrobico, “posibilite su conclusión y reactivación” con el fin de crear “cientos de puestos de trabajo de forma inmediata en la construcción y otros muchos, a medio plazo y de forma estable, en el sector turístico en el levante almeriense”.
La moción recoge el sentir de “decenas de pymes y centenares de trabajadores de la zona” que, según sostiene, “confían ante la que está cayendo” en poder superar con esta reactivación “la falta de actividad y el paro” en el marco tanto del Plan de Desarrollo Sostenible del parque natural de Cabo de Gata-Níjar como del Plan de Desarrollo y Empleo ‘Carboneras Viva’, ambos impulsados por la Junta de Andalucía que creó las “condiciones urbanísticas adecuadas con instrumentos de planeamiento urbanístico” para programar el desarrollo turístico del municipio “carente de infraestructuras hoteleras dignas”.
Así, tras subrayar que la construcción y entrada en funcionamiento del hotel “debía ser la primera consecución de toda esta planificación para servir de muestra y reclamo” y lamentar que “la paralización de la obra y la consiguiente y sistemática propaganda mediática hayan cortado de raíz esas posibilidades con perjuicios irreparables”, cuestiona que el derribo del establecimiento de una veintena de plantas y 411 habitaciones suponga la recuperación del entorno natural y, por tanto, deba justificarse en razones medioambientales.
“Nada que recuprerar”
En esta línea, la moción impulsada por el ayuntamiento carbonero señala que “no hay nada que recuperar porque realmente no hay nada” y se pregunta si es posible retornar a su estado primitivo natural el monte sobre el que se asienta, si deben los contribuyentes asumir el coste total de la operación, incluida la expropiación, en “aras del interés general” o qué compensaciones deben recibir los perjudicados, entre los que cita, además de las empresas que participaban en la obra, al municipio.
El escrito que se someterá a debate plenario de la mancomunidad demanda a las entidades y grupos que se han posicionado a favor del derribo que revelen si existe “algún estudio técnico fiable que garantice la restauración medioambiental” ya que, según subraya, la “reversibilidad de espacio construido a natural ha sido descartada por todos los técnicos y expertos cualificados que han visitado la construcción”.
En concreto, alude como problemas la escasa consistencia del terreno, el tratamiento dado al cerro en bancadas para el asentamiento de la edificación escalonada, la disposición de los cimientos de la edificación anchos y profundos, la imposibilidad de efectuar recubrimientos artificiales por las pronunciadas pendientes y “sobre todo” la fuerte acción erosiva en esta zona del viento y las lluvias torrenciales, lo que, sumado -señala-, haría que persistiese tras la demolición “una imagen de ruinas a perpetuidad, antagónica con el fin ecológico y naturista perseguido”.
“Resulta del todo imprescindible este asesoramiento especializado para apostar por la demolición estando en juego la proyección medioambiental que se dice defender, los intereses privados empresariales amparados en el Estado de Derecho que nos hemos dado, los limitados recursos públicos sufragados por los contribuyentes y el interés general de todo un pueblo, Carboneras”, concluye.
El pleno de la Mancomunidad también debatirá el presupuesto para este año, la solicitud de ayudas para la puesta en marcha del programa de yacimientos de empleo de la Junta y de un taller de empleo y la creación de un centro de atención animal mancomundado.
La moción recoge el sentir de “decenas de pymes y centenares de trabajadores de la zona” que, según sostiene, “confían ante la que está cayendo” en poder superar con esta reactivación “la falta de actividad y el paro” en el marco tanto del Plan de Desarrollo Sostenible del parque natural de Cabo de Gata-Níjar como del Plan de Desarrollo y Empleo ‘Carboneras Viva’, ambos impulsados por la Junta de Andalucía que creó las “condiciones urbanísticas adecuadas con instrumentos de planeamiento urbanístico” para programar el desarrollo turístico del municipio “carente de infraestructuras hoteleras dignas”.
Así, tras subrayar que la construcción y entrada en funcionamiento del hotel “debía ser la primera consecución de toda esta planificación para servir de muestra y reclamo” y lamentar que “la paralización de la obra y la consiguiente y sistemática propaganda mediática hayan cortado de raíz esas posibilidades con perjuicios irreparables”, cuestiona que el derribo del establecimiento de una veintena de plantas y 411 habitaciones suponga la recuperación del entorno natural y, por tanto, deba justificarse en razones medioambientales.
“Nada que recuprerar”
En esta línea, la moción impulsada por el ayuntamiento carbonero señala que “no hay nada que recuperar porque realmente no hay nada” y se pregunta si es posible retornar a su estado primitivo natural el monte sobre el que se asienta, si deben los contribuyentes asumir el coste total de la operación, incluida la expropiación, en “aras del interés general” o qué compensaciones deben recibir los perjudicados, entre los que cita, además de las empresas que participaban en la obra, al municipio.
El escrito que se someterá a debate plenario de la mancomunidad demanda a las entidades y grupos que se han posicionado a favor del derribo que revelen si existe “algún estudio técnico fiable que garantice la restauración medioambiental” ya que, según subraya, la “reversibilidad de espacio construido a natural ha sido descartada por todos los técnicos y expertos cualificados que han visitado la construcción”.
En concreto, alude como problemas la escasa consistencia del terreno, el tratamiento dado al cerro en bancadas para el asentamiento de la edificación escalonada, la disposición de los cimientos de la edificación anchos y profundos, la imposibilidad de efectuar recubrimientos artificiales por las pronunciadas pendientes y “sobre todo” la fuerte acción erosiva en esta zona del viento y las lluvias torrenciales, lo que, sumado -señala-, haría que persistiese tras la demolición “una imagen de ruinas a perpetuidad, antagónica con el fin ecológico y naturista perseguido”.
“Resulta del todo imprescindible este asesoramiento especializado para apostar por la demolición estando en juego la proyección medioambiental que se dice defender, los intereses privados empresariales amparados en el Estado de Derecho que nos hemos dado, los limitados recursos públicos sufragados por los contribuyentes y el interés general de todo un pueblo, Carboneras”, concluye.
El pleno de la Mancomunidad también debatirá el presupuesto para este año, la solicitud de ayudas para la puesta en marcha del programa de yacimientos de empleo de la Junta y de un taller de empleo y la creación de un centro de atención animal mancomundado.
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