La actualización de la subida de los precios (IPC) y el obligado
cumplimiento de iniciativas y normativas como el despliegue de los
contenedores para desechos orgánicos y de un nuevo impuesto a nivel
nacional están detrás de la próxima subida de la
basura en un 30% en los pueblos del Almanzora, el Levante y Los Vélez.
Son las causas
expuestas por el Consorcio de Residuos que gestiona la basura en
estas comarcas y que, lamentan, vienen impuestas por
políticas del Gobierno de España y no como resultado de la gestión del propio ente. Una visión muy distinta es la que tienen desde
el Partido Socialista, desde donde han pedido a los gestores del
consorcio (en manos del PP por los resultados de las últimas
elecciones) equilibrar los ingresos y los gastos sin “sangrar” a
los usuarios. “El PP de las comarcas Almanzora, Levante y Los Vélez
de ninguna forma pretende ‘sangrar’ a los usuarios, lo único que
pretende es cumplir con la Ley 7/2022 de residuos y suelos
contaminados promulgada por el Gobierno de España. Del PSOE, por si
a alguno se le ha olvidado”, han respondido.
Dicha ley ya ha comenzado a gravar los residuos que no se reciclan y que van a parar al vertedero, suponiendo para el consorcio un pago de aproximadamente dos millones
de euros al año. Unida a los otros factores como el IPC, el consorcio se ha encontrado con un incremento en los gastos este 2022 en torno a los cuatro millones de euros comparado con ejercicios anteriores.
Acerca de la petición para equilibrar los costes
del servicio, el presidente del consorcio ha defendido que eso es precisamente lo que ha hecho, ya que tan sólo la nueva tasa ha elevado los costes “en alrededor de dos millones de euros” al año, según ha cifrado Antonio Martínez Pascual, aunque este 2023 no han repercutido en la
factura. El nuevo impuesto fija el pago de 10 euros por tonelada vertida.
“Ya de por sí en
el recibo que pagamos todos iba un impuesto sobre las basuras pero
ahora llega el Gobierno de España y ha metido un impuesto sobre el
que ya había para recaudar más", ha lamentado Martínez Pascual antes de explicar que otra obligatoriedad como es la de incorporar los contenedores de color marrón para los residuos orgánicos, aunque bien recibida, también supone otro importante desembolso.
Así, un recibo de
39,9 euros se convertirá ahora en una factura de 51,40 euros. Algo que según los socialistas “no está
especialmente justificado porque, primero, se tiene que informar
sobre la cuestión y valorar la repercusión que puede tener para, en
tercer lugar, establecer una modificación tarifaria escalonada”.
Una opción, la de subir los precios de forma progresiva a lo largo
del tiempo, descartada por el presidente de la entidad al no mostrarse dispuesto a aumentar la deuda de este organismo. "Esa deuda exponencial que subía dos millones de euros cada año antes de mi llegada, ya estaría en los 40 millones, pero yo no voy a dejar ninguna deuda, dejaré todo saneado y no engañaré ni haré demagogia con los vecinos".
Y es que, tras reducir la deuda con la que se encontró al llegar a la Presidencia en el año 2011 de unos veinticuatro millones de euros a alrededor de los cuatro millones actuales, Martínez Pascual ha descartado la posibilidad de volver a hacer crecer la deuda. "Me parece una irresponsabilidad de alcaldes del Almanzora, sean del color que sea. ¿No están de acuerdo con el cumplimiento de la ley?", se pregunta el dirigente.
“El presidente del Consorcio
Almanzora-Levante-Vélez ha realizado una propuesta valiente para
abordar los cumplimientos y obligaciones que exige el Gobierno de la nación", aseguran otros responsables del organismo ante las críticas de alcaldes y concejales del PSOE en estas comarcas, que entienden que "lo de subir impuestos es una marca de la gestión del Partido
Popular".
El propio Martínez Pascual
también se ha reivindicado negando tajantemente que siga una
“directriz de su partido” al fijar los nuevos criterios, tal y como aseveran desde el PSOE. “Desde el año 2011 no tengo ni una directriz del PP de Almería porque saben de mi compromiso, profesionalidad, cómo atiendo a los vecinos y que siempre miro para si es posible no cueste ni un céntimo más".
Eso sí, teniendo en cuenta
que, según lo expuesto por el consorcio, el aumento de la tarifa se
produce en buena medida por la subida del IPC y el nuevo impuesto que
penaliza los desechos no reciclados, el presidente del mismo tampoco
cierra la puerta a una futura revisión a la baja. “Si ahora con la automatización de la planta, la línea de orgánica... se mejora el rechazo a vertedero, la liquidación anual volverá a ser menor. Si el Gobierno de España y Pedro Sánchez decide quitar este impuesto, también se eliminaría la tasa".
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