El gobierno en minoría del PP en el Ayuntamiento de Carboneras mantiene en el aire que salga adelante en el pleno
municipal que se celebra este jueves la rectificación que exige la
Junta de Andalucía al acuerdo que desclasificó como urbanizable el
suelo del Algarrobico el pasado mes de abril bajo mandato del PSOE y
que "facilitaría" la "anulación" de la licencia
de obras del hotel de Azata para dar comienzo al correspondiente
expediente de demolición.
La propuesta del actual alcalde,
Felipe Cayuela, llega al plenario tras dos empates consecutivos a
favor y en contra en comisión informativa aunque, finalmente, fue
informada favorablemente gracias al voto de calidad de regidor. Solo
PP y el concejal no adscrito, ex del PSOE, votaron que sí, mientras
que los socialistas y el concejal de Cs se opusieron a la
enmienda.
Según el informe emitido por la Secretaría Municipal
adjunto al dictamen, se requiere para que salga adelante la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la corporación, un total
de 13, al tratarse de la corrección del acuerdo de aprobación
definitiva del instrumento urbanístico de adaptación del PGOU a la
LOUA, el cual se adoptó por ese mismo quorum.
"Se va a
decidir todo en el último minuto, como si fuera un partido de
baloncesto", ha asegurado en declaraciones a Europa Press Felipe
Cayuela, quien ha anticipado que el edil no adscrito ya ha anunciado
"su abstención" en pleno, lo que supondría el rechazo a
la modificación que es el "paso previo necesario a poder
revisar de oficio la licencia" para declararla nula.
El
alcalde ha señalado que la oposición del PSOE a rectificar su
propio acuerdo se debe a "intereses personales" y ha
remarcado que su propuesta "cumple con las sentencias firmes"
que son "imperativas y obligadas" para la corporación
local carbonera.
"Aprobar este texto podría derivar en una
responsabilidad directa de quien concedió la licencia municipal de
obras en 2003, el exalcalde Cristóbal Fernández, que es tío del
actual portavoz, José Luis Amérigo", ha explicado.
La
propuesta que se eleva este jueves a pleno atiende el requerimiento
que la Junta le hizo al Ayuntamiento carbonero en mayo tras recibir
el acuerdo de pleno, publicado en Boletín Oficial de la Provincia,
para su inclusión en el Registro de Instrumentos de Planeamiento
Autonómicos.
Ante la falta de respuesta del ayuntamiento, el
Gobierno andaluz decidió en septiembre tomar la vía
contencioso-administrativa en el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía (TSJA).
La citada propuesta suprime del anterior
texto por el que se anuló el sector urbanístico ST-1 o Algarrobico
las alusiones relativas a "anular y eliminar la clasificación
urbanística vigente" y la expresión "por efectos
sobrevenidos al planeamiento vigente de directa aplicación por la
legislación sectorial del Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Cabo
de Gata- Níjar, por el que se precisan los límites del citado
Parque Natural".
La nueva redacción que se someterá a la
votación de la corporación local se "limita" a recoger
"formalmente" en el PGOU de Carboneras "la
clasificación de los terrenos como suelo no urbanizable de especial
protección con grado C1 o Áreas naturales de interés general,
ratificado por Sentencia del TSJA 2000/2016, confirmada por el T.S.
mediante sentencia 634/2018 de 19 de abril de 2018".
Sin
embargo, no hay referencia explícita, como también pidió la Junta
de Andalucía ante el TSJA, a que los terrenos gozan de protección
medioambiental desde 1994, fecha en que entró en vigor la normativa
ambiental que rige en la actualidad en el paraje del Algarrobico.
El
alcalde anunció que iniciaría, tras la aprobación de esta
rectificación, la revisión de oficio de la licencia municipal de
obras del hotel ordenada por el Tribunal Supremo (TS) ya que los
terrenos son "protegidos" a estar "incluidos en el
dominio público" marítimo-terrestre, y debido "a sus
especiales valores medioambientales" como parte del parque
natural de Cabo de Gata-Níjar.
Si el ayuntamiento declara nulo
el permiso municipal que se concedió en 2003, el siguiente paso
natural es la incoación de un expediente de demolición sobre la
edificación de 411 habitaciones y una veintena de plantas. Cabe
recordar que el Tribunal Supremo (TS) sentenció en firme en enero de
2023 que, para que los terrenos del Algarrobico sean "devueltos
a su estado originario, que debió mantenerse inalterable", era
necesario antes revisar la licencia de obras para, así, "garantizar
el interés económico, social y jurídico de las partes
implicadas".
El anuncio de Cayuela, quien accedió a la
Alcaldía tras las últimas elecciones locales, supuso un giro de 180
grados en la línea procesal que mantenido hasta ahora el
Ayuntamiento carbonero en los pleitos para ejecutar las sentencias
respecto a El Algarrobico que se siguen ante el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (TSJA).
EL ANTERIOR ACUERDO DE PLENO
"CUMPLE DEFECTUOSAMENTE" LAS SENTENCIAS
El
ayuntamiento coincide ahora en sus planteamientos con el Gobierno
andaluz, que impugnó al TSJA este acuerdo de pleno al considerar que
cumplía "defectuosamente" el tenor de la sentencia que
dictaminó en firme en 2018 que El Algarrobico es "espacio
protegido no urbanizable" y en la que se obligaba a anular el
sector urbanístico ST-1 sobre el que se levanta el hotel de Azata y
por estimar que privaba de "efectos prácticos" a la citada
resolución.
Al recurso contencioso-administrativo presentado en
septiembre por la Junta se han sumado los colectivos
conservacionistas personados en diferentes pleitos; Greenpeace,
Ecologistas en Acción y Salvemos Mojácar. El Gobierno andaluz
también interesó al alto tribunal andaluz que "ordenase"
al ayuntamiento "reflejar", tanto "en sus documentos"
como "en sus decisiones", que El Algarrobico es "suelo
no urbanizable de especial protección desde 1994", año en el
que se publicó la normativa ambiental del parque natural Cabo de
Gata-Níjar.
Mantiene la Junta que el paraje tiene, ´de facto´,
la calificación de protegido donde no se puede edificar desde hace
casi tres décadas e interpreta que esta condición "queda
establecida judicialmente con efectos desde 1994, mucho antes de que,
en 2009", según remarca, se aprobase por la corporación
municipal la calificación como urbanizable "ahora anulada"
por sentencia firme de 2018.
Cabe recordar que los tribunales
han visto "indicios suficientes" de que la licencia
municipal de obras del hotel supone una "infracción grave o muy
grave" a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía
(LOUA).
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