El ‘nuevo mapa judicial’ divide a los operadores con dudas sobre las sedes

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha presentado un proyecto revolucionario para cambiar el mapa de juzgados, que reduciría de ocho a tres los demarcaciones actuales en la provincia de Almería. Sin embargo, el borrador, que cuenta con las simpatías del Ministerio de Justicia que encabeza Alberto Ruiz-Gallardón, ha provocado reacciones encontradas entre los operadores jurídicos.

La propuesta inicial dibuja tres franjas en la provincia, tres circunscripciones en Poniente, Almería-Roquetas y Levante. Esta opción aún no es firme y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tiene un plazo de tres meses para estudiarla y ofrecer alegaciones.

De momento, los jueces parecen vislumbrar en la reforma posibles mejoras en la gestión, especialmente en partidos pequeños o aislados, que podrían contar con servicios comunes que hasta ahora eran inviables.“La reducción de partidos judiciales es una de las propuestas recogidas en el último encuentro nacional de jueces decanos, porque creemos que permitiría dar un mejor servicio, especialmente en los pueblos, donde a veces no existen tantos recursos”, explica el juez decano de Almería, Luis Miguel Columna.

Desplazamientos
En un sentido similar se pronuncia Lourdes Molina, presidenta de la Audiencia Provincial de Almería. “Habrá que estudiar el proyecto, pero creo que puede ser positivo para ser más eficaces”, afirma. Y matiza que “no hay que pensar en la cercanía de la Justicia al ciudadano en un sentido físico, sino en los servicios que se pueda prestar”. Más críticos se muestran los representantes de los funcionarios, preocupados esencialmente por la posible reducción de plantillas y por el efecto de unificación de órganos judiciales, que podría provocar que algunos municipios se quedaron sin juzgados.

Hace unos días, la sección de CSIF Almería hablaba de “un obstáculo para la ciudadanía”. Ayer, CCOO afirmaba que el ‘nuevo mapa judicial’ traería “consecuencias irreversibles” para el ciudadano y supondría “una verdadera involución”. También hay rechazo entre los secretarios judiciales. El sindicato SISEJ asegura que será “un grave perjuicio para la ciudadanía” que “no conllevará necesariamente una mejora del servicio público de la Justicia” y “aumentaría los desplazamientos”.