Inhabilitación de un año para los policías integrantes de una red de marihuana

Los dos agentes de la Policía Local de Vícar acusados de formar parte de una red dedicada al cultivo y posterior distribución de marihuana han aceptado un año de inhabilitación tras reconocer que hicieron caso omiso de su deber de perseguir delitos al tener conocimiento de la trama después de que la Fiscalía retirara las acusaciones contra ellos por los delitos de pertenencia a grupo criminal y como cómplices de un delito contra la salud pública.

El juicio ha arrancado este martes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería con acuerdos entre el Ministerio Público y la representación letrada de 11 de los 14 acusados por esta causa seguida por delitos contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal, encubrimiento y defraudación de fluido eléctrico.

En este caso, los agentes que se enfrentaban inicialmente a penas de hasta tres años y medio de prisión, según recogía el escrito provisional de acusación, se habrían encargado "del cobro mensual de los alquileres de las viviendas" en las que se encontraban las plantaciones "obteniendo por ello una comisión del diez por ciento sobre el alquiler de las mismas".

Aunque "no eran partícipes" de la instalación, mantenimiento, recolección y venta de las plantaciones, "sí eran conocedores y consentidores de la actividad ilícita" cometida por los cabecillas de la red, según la Fiscalía, de modo que en base a su condición de policías locales, les reprochaba que no actuaran ante los hechos delictivos.

De otro lado, el principal acusado, al que se achacaba la coordinación de la red y el resto de acusados para la producción ´indoor´ de marihuana en viviendas alquiladas o cedidas de Roquetas de Mar, ha aceptado también seis años de prisión por los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, toda vez que se le ha impuesto seis meses de multa a razón de seis euros diarios por un delito de defraudación de fluido eléctrico.

Los acuerdos alcanzados antes del arranque del juicio han derivado además en penas de entre dos años y un año y medio de prisión, con multas de 60.000 euros, para cuatro de los acusados de actuar como ´cuidadores´ de los cultivos de marihuana, mientras que para un quinto de ellos, quien se encuentra en prisión por otra causa, se le ha impuesto dos años de prisión y una multa de 4.000 euros por un delito básico de tráfico de drogas.

También han reconocido su participación en los hechos y han aceptado penas de seis meses de prisión dos de los acusados de un delito de encubrimiento y otro más por pertenencia a grupo criminal, toda vez que la vista continuará el próximo 2 de febrero para otros tres acusados: un empresario inmobiliario, quien habría facilitado múltiples viviendas para los cultivos y para el que se solicitan tres años y medio de cárcel; un socio al que se atribuye el mantenimiento de dichas viviendas y otro acusado más, al que se achaca el cuidado de algunas plantaciones.

Según los hechos sostenidos por la acusación, la organización compuesta inicialmente por siete miembros habría comenzado a operar con anterioridad a septiembre de 2018 para obtener "grandes cantidades de marihuana dedicadas la venta de terceros", para lo que dividieron sus funciones a fin de preparar lugares de cultivo y establecer tareas de cuidado, vigilancia, recolección, envasado y distribución final en Roquetas de Mar.

Para ello, los acusados de habrían servido tanto de viviendas de su propiedad como de otras que habrían alquilado, en ocasiones a través de terceros, para lo que se servían al menos de otros seis colaboradores. Así, el supuesto ´cabecilla´ era el dueño de las plantaciones y el encargado de localizar las viviendas empleadas para los cultivos.

A partir de ahí, la red habría distribuido distintas funciones a sus miembros, entre los que estaban los encargados de equipar las viviendas, realizar las instalaciones eléctricas, de gestionar las plantaciones y de llevar a cabo la recolección. Del mismo modo, también identifica a otros acusados como los encargados de concertar reuniones y transportar dinero para eludir la acción policial.

Como consecuencia de la actividad, los agentes realizaron un registro voluntario el 23 de septiembre de 2018 en una vivienda de Roquetas, donde encontraron 350 plantas de marihuana así como equipos de iluminación artificial y aparatos de aire. En total fueron 12 los inmuebles alquilados y propiedad de los acusados intervenidos, así como las taquillas de los policías locales de Vícar sospechosos, en los que se hallaron diversas cantidades de dinero.