El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la pena de tres años y medio de prisión para una mujer que insultó y agredió en agosto de 2021 a la entonces teniente alcalde de Gádor y concejal de Servicios Sociales cuando se encontraba en una terraza en la plaza del pueblo porque le habían vedado el acceso a la piscina municipal, recoge Europa Press.
El fallo impone a la mujer, que tenía sus capacidades alteradas, dos años y seis meses de prisión por un delito de atentado y un año de prisión adicional por la lesiones, toda vez que ordenaba el alejamiento de la edil durante un periodo de seis meses. Además le impone siete meses de multa a razón de dos euros diarios por estos hechos.
La misma sentencia la condena también por un delito leve de daños y otro de amenazas ya que previamente acudió al centro de salud del municipio, donde forzó la entrada y se enfrentó con la limpiadora, sobre la que también se ha establecido una orden de alejamiento de seis meses.
La sentencia de origen ya daba por probado que sobre las 7,00 horas del 11 de agosto de 2021, la acusada acudió al centro de salud de la localidad donde forzó la puerta de acceso puesto que a esas horas estaba cerrado al público, toda vez que se dirigió a una de las limpiadoras a la que amenazó de muerte mientras la insultaba.
También arrojó un extintor contra el ascensor del ambulatorio, donde ocasionó daños por valor de 133 euros tras haber roto la cerradura para acceder a su interior, por lo que se le impone además una indemnización por el mismo importe a favor del SAS.
Hora y media más tarde, la mujer se dirigió a la plaza del pueblo donde se encontraba la entonces segunda teniente alcalde y concejal de Servicios Sociales y Cultura, María Dolores Díaz, a la que insultó gravemente antes de amenazarla de muerte, según se desprende de la sentencia, por haberle vedado el acceso a la piscina municipal. "Si no te mato hoy, te mato otro día, a ti y a todos los tuyos", le espetó.
Acto seguida, la acusada agarró una silla de la terraza de la cafetería en la que se encontraban y golpeó con ella a la edil, a la que también arrebató su bastón. La mujer intentó dar un segundo golpe a la concejal con otra silla, aunque en esa ocasión falló. Finalmente, acudieron al lugar acudieron otro concejal y un agente de la Policía Local que pusieron fin al incidente.
A consecuencia de los hechos, la concejal, que cuenta con una discapacidad reconocida del 90 por ciento como sabía la acusada, sufrió una contusión en el brazo y hombro derecho que le obligó a llevar el brazo en cabestrillo además de un cuadro ansioso-depresivo, por lo que estuvo de baja más de tres meses.
Por su parte, la acusada tenía en ese momento sus facultades intelectivas y volitivas "alternadas" a consecuencia del trastorno que padece a las que se unen otros problemas relacionados con sus habilidades sociales, de modo que tiene pautado un seguimiento en salud mental.
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