Denuncian el aumento de agresiones a guardias civiles en la provincia

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), a través de su delegación provincial en Almería ha denunciado el "notorio aumento de agresiones físicas a guardias civiles" en la provincia y a su vez el mal estado de las instalaciones del puesto principal de la Guardia Civil de Roquetas de Mar.

El último episodio se produjo el pasado viernes día 16 de febrero. El litigio se produjo, explica el sindicato en un comunicado, cuando una patrulla regresaba de un servicio y se topó con un joven que mostraba actitud violenta en el exterior de las instalaciones de la Guardia Civil de Roquetas de Mar. Los agentes finalmente tuvieron que reducirlo en principio por un supuesto delito de desobediencia grave y resistencia. 

Según detalla el comunicado, tras el forcejeo y la incesante actitud violenta, el detenido se negó a seguir las indicaciones de los guardias civiles, atacando y causando lesiones de gravedad en una mano de un guardia civil, que tuvo que ser intervenido de urgencia con un clavo en el interior de la mano y grapas de sutura, causándole una indisposición y meses fuera de servicio.

El sindicato denuncia que "este tipo de situaciones se debe a la falta de medidas de seguridad y de protección para los guardias civiles; por un lado, la falta de medios activos, como por ejemplo las pistolas Táser, que ayudarían a los agentes a defenderse y reducir al sujeto en estos casos de agresividad extrema; y, por otro lado, medios pasivos como puede ser una cámara corporal para amparar judicialmente las actuaciones de los agentes y de esta forma evitar las consecuencias para quienes han de velar por la seguridad de los ciudadanos". 

En la misma línea, los guardias civiles demandan "el endurecimiento de las penas para estos comportamientos", puesto que, afirman, "en estos casos es habitual que el acusado se declare insolvente, no llevándose ningún reproche penal por ello y condenando al agente a enfrentarse a un nuevo procedimiento administrativo para recibir una cuantía mínima que termina pagando el Estado en concepto de indemnización". "Al final, las consecuencias de este tipo de comportamientos son mínimas y el resultado es la repetición de las mismas amparándose en su insolvencia", denuncian. 

"Desde hace 37 años se aplica la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo que hace replantearse que vamos tarde en una nueva norma que regule de nuevo todo lo relativo a la seguridad pública en nuestro país ya que hay nuevos retos y amenazas que antes no existían como la pérdida del principio de autoridad", finaliza el comunicado.