El PSOE pide “eliminar” las restricciones de agua en el Levante Almeriense

El Partido Socialista ha pedido a la Junta de Andalucía que "elimine" las restricciones en el consumo de agua potable a las que se tienen que enfrentar municipios del Levante Almeriense. El parlamentario andaluz por el PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, ha exigido al Gobierno andaluz que elimine las medidas extraordinarias, ya en vigor en varias localidades, al considerar “injusta” esta medida que afecta al día a día de sus habitantes y de las empresas de la zona.

Las razones esgrimidas por los socialistas se centran en que actualmente “hay más agua que nunca”, asegura. El diputado regional asevera que esta comarca dispone de 35 hectómetros cúbicos de agua, de los que 15 proceden de la desaladora de Carboneras y 20 acumulados del trasvase Tajo-Segura y de la desaladora de Águilas (Murcia); un recurso que según Sánchez Teruel  “no ha solicitado” estos años atrás la Diputación Provincial a través de la empresa pública que gestiona, Galasa.

Un extremo que ha encontrado respuesta por parte del delegado provincial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Antonio Mena. "El agua destinada al abastecimiento en el Levante Almeriense procedente del trasvase del Tajo-Segura no puede llegar porque no hay una instalación donde potabilizarla”, ha lamentado.

Mena ha añadido que “por eso hemos acometido la reparación de la potabilizadora de Cuevas de Almanzora, en la que estamos invirtiendo 12 millones de euros”. “Una obra que comenzó en enero, y que hasta entonces estaba inutilizada tras la DANA de 2012 y que los gobiernos socialistas no han tenido en consideración, como tampoco han tenido el conjunto de actuaciones hídricas necesarias para ejecutar en el Levante de la provincia”.

Además, Mena considera que "las medidas de ahorro" han sido "informadas favorablemente por unanimidad en el seno del Comité de Gestión de Sequía, donde están representados todos los sectores y usuarios”. Un comité "constituido en base a la normativa de aguas" y en el que "se contemplan todos los usos del agua, no solo el abastecimiento”. “No obstante- ha añadido Mena- hay que tener una precaución especial en aquellos municipios en los que el suministro depende casi en exclusiva de una desaladora, tal y como ocurre en la zona del Levante, ya que se trata de una máquina que en cualquier momento puede tener alguna incidencia y generar un problema crucial”.

Por su parte, el parlamentario del PSOE ha insistido en considerar que Juanma Moreno está “castigando injustamente” al Levante “cuando hay más agua para consumo humano que nunca”. Y todo ello, ha dicho, “por no expresar en la normativa aprobada por la Junta de Andalucía en estos cinco años de sequía que el abastecimiento del Levante almeriense lo garantiza desde hace 10 años la desalación y que el agua que se puede traer de fuera, de Murcia, es una garantía adicional”.

De este modo, considera que en la última década, el Levante almeriense ha tenido “con sequía y sin ella, el abastecimiento asegurado” por la desaladora de Carboneras y el agua que se puede traer de la desaladora de Águilas y la que se autoriza en el trasvase del Tajo-Segura que no se han reclamado”. Sin embargo, ha lamentado que siendo el Levante el territorio que “más garantizado” tiene su abastecimiento, Juanma Moreno “le castiga con restricciones”.

El PSOE entiende así que esta situación “injusta” debe tener "una respuesta" por parte de la Diputación Provincial, una institución que “debe defender a la población, exigirlo a la Junta, y no estar callada o ausente”, ha reprochado el parlamentario autonómico al equipo del PP provincial

A este respecto, el portavoz socialista en la Diputación, Juan Manuel Ruiz del Real, ha llamado la atención sobre la “inacción” de Javier Aureliano García y de su equipo teniendo en cuenta que las restricciones de la Junta del PP afectan “al área de influencia de Galasa”, la empresa de la que es presidente, y le ha invitado a que solvente este agravio con los consejeros almerienses de Agua y de Sostenibilidad.

Por su parte, el delegado territorial cree que “el agua es una cuestión de Estado y que con ella no se puede mercadear políticamente”. Antonio Mena ha pedido “que arrimen el hombro y soliciten al Estado que agilice la llegada de los 5 hm3 extraordinarios al Almanzora, así como las desaladoras pendientes, ya que la falta de infraestructuras es herencia de anteriores gobiernos andaluces”. Para Antonio Mena “lo que tiene que hacer el Gobierno de España es agilizar la reparación de la desaladora del Bajo Almanzora I, que lleva presupuestada desde el año 2018. Así como acometer de una vez por todas el resto de obras de ampliación de desaladoras de la provincia”.

Así, Mena ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que “encomiende a Acuamed la construcción de la desaladora Bajo Almanzora 2”. Para el delegado “lo que hay que hacer es trabajar, cuidar el agua de la provincia y no centrarse en hacer demagogia fácil, que no beneficia a nadie.”