La delegada asegura que el ERE es “totalmente legal”

La Junta de Andalucía está dispuesta a defender ante los tribunales su negativa a cumplir la petición del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), que ha exigido la impugnación del ERE temporal realizado por el Ayuntamiento de Macael. La respuesta de la Administración autonómica llega después de que los 64 trabajadores de este Consistorio afectados por el expediente de regulación -que ha supuesto una reducción de la jornada laboral de dos horas y media-, hayan recibido una notificación del SPEE en la que se les comunica la suspensión de  la prestación por desempleo solicitada.

“Quiero dejar claro que el ERE es totalmente legal. Por eso la Junta y la Dirección General de Trabajo se pronunciaron a su favor”, ha manifestado la delegada de Empleo en Almería, Francisca Pérez Laborda. Los responsables del Gobierno municipal (PP) siempre han sido conscientes de que la medida se presentó ‘in extremis’, tan sólo unos días antes de que la reforma laboral prohibiese este tipo de expedientes en administraciones locales, aunque dentro del plazo permitido. “Según el decreto de reforma, los expedientes en trámite antes del 12 de febrero se rigen por la normativa anterior, lo que permite los ERE de reducción de jornada”, explica Pérez Laborda, recordando que en el caso de Macael la solicitud se presentó “el ocho de febrero”.

Impugnación
Tanto el alcalde de Macael, Raúl Martínez, como la delegada de la Junta, Francisca Pérez, reconocen que existe una petición del Servicio de Empleo Estatal para que la Administración andaluza impugne este ERE, cuya ejecución permite al Ayuntamiento un ahorro cercano a los 400.000 euros mensuales. A pesar de este hecho, Pérez Laborda insiste en que “la Junta se sigue ratificando en los mismos argumentos por los cuales fue aprobado, por lo que no se impugnará”. Desde Empleo se aclara además que no es competencia del SPEE dictaminar “si un ERE es legal o ilegal”, por lo que temen que “el único motivo” de esta petición sea “que el Gobierno central no quiera pagar a esos trabajadores”. Aunque el propio expediente incluye un informe del organismo central de empleo contrario a la aplicación de esta medida, Pérez Laborda recuerda que “la Inspección de Trabajo dijo que tenía claro que el ERTE no tiene como objeto la obtención indebida de prestaciones por desempleo por los trabajadores”. La delegada almeriense encuentra “curioso” que el SPEE argumente que “los servicios públicos no pueden reducir prestaciones” para calificar el ERE de “ilegal”, teniendo en cuenta “la oleada de despidos de trabajadores públicos que el PP hará en comunidades donde gobierna”.

La responsable de Empleo defiende que se trata de “empleados que, en algunos casos, llevan 20 años trabajando en el Ayuntamiento y cotizando a la Seguridad Social” y con “derecho a cobrar su prestación”, por lo que ha pedido “un esfuerzo” al SPEE y le ha invitado a llevar el caso “al juzgado de lo social”, tras afirmar que “quien debe estudiar la legalidad de un ERE es la Junta”.