El verano pasado, CCOO Almería obligó a Correos a cerrar el Centro de Clasificación que tiene en el polígono industrial de Viator, tras alcanzarse temperaturas superiores a los 40°C en el interior de una nave que carece de las mínimas medidas de aislamiento y climatización, en las que las tareas se realizan con las puertas del recinto abiertas directamente al exterior, bajo un techado sin aislamiento. El sindicato denunció este problema ante la inspección de trabajo, y consigió obligar a la empresa a trasladar la actividad junto con las 20 personas afectadas a otro centro logístico de la capital, que sí reunía las condiciones preventivas y de seguridad adecuadas.
CCOO denuncia la irresponsabilidad demostrada por los gestores de la empresa postal, porque al pasar el verano volvió a trasladar la actividad a Viator, y habiendo transcurrido un año, no se ha realizado actuación alguna para corregir las deficiencias, con lo que ante la llegada del calor extremo habitual en nuestra provincia, se pone en riesgo la salud de los trabajadores. Por este motivo ha denunciado de nuevo ante la inspección a Correos, exigiendo que se evite exponer a la plantilla a un riesgo cierto de sufrir daños en su salud e incluso golpes de calor (potencialmente mortales) de cara a las olas de calor extremo que sin duda se producirán a lo largo de este verano.
Sin climatización
El sindicato se opuso en su día a la apertura de estos centros logísticos que forman parte del Plan Estratégico de desguace impuesto por el anterior presidente de la compañía, Juan Manuel Serrano, basado en un modelo de logística low cost, con la creación de cientos de contratos precarios a tiempo parcial y prestado en antiguas naves industriales sin climatización, que carecen de las mínimas medidas de seguridad.
CCOO exige a Correos que respete la Ley, cumpliendo con el RD 486/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los centros de trabajo, que establece la obligación de mantener la temperatura en el interior entre 14 y 25°C, y advierte que, salvo que la empresa pública adopte soluciones alternativas (como se hizo el año pasado) promoverá la paralización obligatoria de la actividad del centro de trabajo por riesgo grave e inminente, medida recogida tanto el Estatuto de los Trabajadores como la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, reservándose además el pedir responsabilidades personales en el ámbito penal, en caso de llegar a producirse alguna desgracia.
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