"Ni este presidente ni este equipo de trabajadores que conforma el consorcio quiere en ingún momento subir las tasas o impuestos a los vecinos". Así ha comenzado el presidente del Consorcio de Residuos Almanzora-Levante-Los Vélez, entidad que gestiona la recogida y el tratamiento de la basura, su respuesta a las denuncias vertidas por los representantes del PSOE en estos municipios acerca de la subida de la tasa a los ciudadanos.
Así, el máximo representante de este organismo, Antonio Martínez Pascual (PP), ha defendido que simplemente se ha aplicado "la normativa aprobada por el Gobierno del señor Sánchez en abril de
2022" acerca del tratamiento de residuos, siendo "de obligado cumplimiento en todo el territorio" nacional, "aunque parece que el PSOE cree que las comarcas Almanzora,
Levante y los Vélez tienen algún tipo de cupo o privilegio,
como los catalanes", ha señalado en un comunicado.
"Es más, le voy a recordar a este PSOE, que fueron ellos los que
subieron las tasa, prácticamente la doblaron, en el año 2004. Estos
señores, o tienen memoria de pez o no quieren recordar el pasado de
la gestión del consorcio", recuerda antes de censurar a los socialistas que hablen "de bulos y fango" cuando son "unos artistas creándolos".
En este sentido, reconoce que "fue necesario subir la tasa para cumplir
con las obligaciones que exige el Gobierno en
la ley de residuos" por lo que "no es el PP el que necesita 'equilibrar
ingresos y gastos', es que el Consorcio Almanzora-Levante-Los Vélez
presta un servicio que hay que pagar, y, además, un servicio público
de carácter esencial y de recepción obligatoria y por tanto con una
ordenanza fiscal cuya tasa debe ser la necesaria para cubrir el coste
efectivo de dicho servicio".
El presidente del consorcio, que se ofrece para remitirles "encantado" el documento del boletín Oficial del Estado (BOE) en el que se refleja "la ley de residuos" para propiciar "una economía circular", por lo que "no
deberían sorprenderse los señores alcaldes y alcaldesas del PSOE de
cualquier repercusión que dichas obligaciones pudieran tener sobre
la tasa". En resumidas cuentas, los desechos que no son reciclables suponen un mayor pago por este concepto para el consorcio tras la normativa.
Además, considera que sería "una irresponsabilidad por
parte de este presidente no equilibrar la tasa con el coste del
servicio" ya que "el consorcio volvería a caer en deudas millonarias, ya
lejanas, de gestiones pasadas" pero "aún no olvidadas". Aún así, ha adelantado que la tasa se "revisará" cuando se culminen las actuales obras de automatización de la panta que, presuntamente, ayudarán a mejorar el volumen de residuos que se podrán reutilizar.
En cuanto al coste de este servicio, Martínez Pascual subraya que el consorcio "presta un servicio que hay que
pagar, y, además, un servicio público de carácter esencial y de
recepción obligatoria y por tanto con una ordenanza fiscal cuya tasa
debe ser la necesaria para cubrir el coste efectivo" de dicha prestación. El responsable de este servicio entiende que "lo que deben hacer es colaborar con la gestión del día a día en
lugar de lanzar mensajes falsos a los vecinos y lo único que
consiguen es que llamen al Consorcio amenazando y faltando el respeto
a los trabajadores".
Del mismo modo, desmiente las acusaciones lanzadas días atrás por el diputado provincial socialista, Diego Castaño, al pedirle al PP que "invierta
los fondos del Gobierno de España en modernizar la planta”. Martínez Pascual entiende estas afirmaciones como "un despropósito" puesto que ya se han finalizado "las obras de modernización
de la planta, con más de tres millones de euros de financiación de los
fondos Next Generation", lamentando que "el diputado socialista de la comarca no se
haya enterado aún".
Por ello, entiende que "debería charlar con sus compañeros socialistas
que estaban en la Junta General del 31 de julio y
aprobaron junto al PP las últimas inversiones solicitadas" antes de pedir "sentido común" al abordar la gestión de este servicio.
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