Jucil exige el fin del uso de narcolanchas requisadas en la Guardia Civil

La Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha solicitado a la Dirección General del Instituto Armado que se evite la reintroducción de embarcaciones semirrígidas procedentes del narcotráfico en el Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Estas embarcaciones, requisadas a los narcotraficantes y denominadas habitualmente narcolanchas, han sido utilizadas entre los años 2020 y 2022, pero fueron retiradas por su falta de homologación e inspección por parte de Capitanía Marítima y por representar un grave riesgo para la seguridad de los guardias civiles y de la ciudadanía.

Por su parte, JUCIL resalta que se han identificado importantes riesgos en el uso de estas embarcaciones, como su inestabilidad y su visibilidad reducida, ya que han sido diseñadas en talleres clandestinos para el transporte de grandes volúmenes de sustancias estupefacientes y de combustible. Presentan una proa elevada que dificulta una navegación segura y aumenta el riesgo de accidentes.

La asociación apunta que están fabricadas en fibra y equipadas con grandes depósitos de gasolina, lo que supone un riesgo significativo de incendio y explosión, especialmente si se utilizan armas de fuego durante las operaciones.

Carecen de instalaciones básicas

JUCIL recuerda que la ausencia de cubierta y de otras instalaciones básicas, como disponer de un baño higiénico compromete la salud de los guardias civiles, especialmente en condiciones climáticas adversas.

"Resultaría inaceptable que se pongan en riesgo las vidas de los guardias civiles utilizando estas embarcaciones inadecuadas. La seguridad y la salud de nuestros compañeros del Servicio Marítimo, y de cualquier otro que pueda ir a bordo, son nuestra prioridad, y estas embarcaciones no cumplen con los estándares necesarios para su uso en operaciones policiales", afirma la portavoz de JUCIL, Mila Cívico.

“Contar con una flota de patrulleras como la recién presentada ‘Río Iro’ con una velocidad que permite a los compañeros poder enfrentarse a las potentísimas narcolanchas sería mucho más adecuado, tanto para la eficacia del servicio de control del tráfico de drogas y la trata de personas como para la seguridad de las tripulaciones que llevan a cabo esta tarea”, añade Cívico.

JUCIL insta por este motivo a la Dirección General de la Guardia Civil a que se realice una evaluación de los riesgos laborales de estas embarcaciones que sea exhaustiva y aclare su idoneidad o no para las operaciones policiales. De manera que, en tanto no se disponga de este informe, se inmovilicen preventivamente estas narcolanchas. La asociación profesional reclama además que se proporcionen los estudios periciales que justifiquen la posible utilización de estos medios extraordinarios siempre que se han considerado y se han evaluado todas las medidas de protección necesarias.