La Junta recurrirá los fallos de Campillo de Gata y de Marinas de Aguamarga

La Junta de Andalucía interpondrá un recurso de reforma y subsidiario de apelación ante la Audiencia Provincial contra el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número dos de Almería por el que se ordena el procesamiento del exviconsejero de Medio Ambiente, Juan Jesús Jiménez Martín, y del secretario general de la Delegación Provincial, Augusto Ignacio Segura, por paralizar las obras para construir un hotel de 50 habitaciones en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar.

Así lo ha anunciado la delegada del Gobierno andaluz en la provincia, Maribel Requena, quien ha trasladado que la Junta, si bien “respeta” la resolución judicial por la que se incoa procedimiento abreviado por un presunto delito de prevaricación, “no comparte” su contenido. “Los servicios jurídicos ya están trabajando para presentar sendos recursos ante la jueza instructora y ante la Audiencia Provincial”, ha indicado.

La causa fue incoada en 2010 a raíz de la querella que interpuso la promotora del hotel ‘Círculo Agroambiental’, a la que el Tribunal Supremo dio la razón en una sentencia en la que avalaba la legalidad la licencia municipal de obras concedida por el Ayuntamiento de Níjar en 2003.

Ante el comienzo de los trabajos previos a la construcción en el paraje de Campo de Gata, la Junta decidió paralizar las obras y abrir un expediente sancionador contra la empresa por falta muy grave. Para ello, justificó su actuación en que el proyecto vulneraba la normativa referente a los espacios protegidos de la comunidad por carecer de autorización ambiental unificada.

Protección ambiental
Por otro lado, Requena también ha avanzado que el Gobierno andaluz va a interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anula la protección ambiental dada al paraje Marinas de Aguamarga, en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar, y da vía libre a la construcción de un residencial de 350 viviendas y un hotel con 300 habitaciones al estimar que debe prevalecer la calificación de urbanizable recogida en la normativa urbanística de Níjar para la zona.

Al hilo de esto, ha rechazado las acusaciones vertidas por el colectivo Ecologistas en Acción, que sostiene que la Administración autonómica “ocultó” al Alto Tribunal andaluz un fallo del Supremo de finales de 2007 que anulaba el plan parcial aprobado por el Ayuntamiento del municipio de Níjar y consideraba el paraje espacio protegido no urbanizable. Según ha asegurado Requena, esta acusación “es rotundamente falsa” y carente de “sentido” y ha indicado que “no es función” de la Junta “trasladar sentencias que deben ser aplicadas de oficio”.