Bancos y cajas ‘dejan sin casa’ a 11.213 familias en cuatro años

La crisis económica ha provocado que en la provincia de Almería, desde el año 2008, un total de 11.213 familias hayan tenido que entregar su vivienda al banco o cajas de ahorro con el que tenían suscrito un préstamo hipotecario.

Fue ayer, el Partido Popular, a través de cinco de sus siete parlamentarios en Sevilla, el encargado de dar las cifras de las ejecuciones hipotecarias en los últimos cuatro años. Así, en este periodo, las entidades financieras se han quedado con más de 323.000 inmuebles en todo el territorio nacional, de los que casi 63.500 se localizaron en la comunidad autónoma de Andalucía.

Para Miguel Ángel Castellón, miembro de la Comisión de Fomento y Vivienda en el Parlamento andaluz, es precisamente en esta comunidad donde se está registrando un mayor aumento de ejecuciones hipotecarias, lo que viene a demostrar la “realidad social de emergencia” que se sufre en Andalucía.

Aunque en los últimos meses, sin poder ofrecerse datos concretos, el número de ejecuciones ha seguido subiendo, desde el Partido Popular esperan que esa ‘sangría’ se frene. Así lo expuso, por ejemplo, Rosalía Espinosa, a la hora de explicar las ventajas que para muchos almerienses en situación de paro supone que el Gobierno haya aprobado lo que se viene en llamar la dación en pago, es decir, entregar la vivienda al banco o caja de ahorro con el que se ha concertado el préstamo hipotecario, y al mismo tiempo liquidar la deuda pendiente con el valor con el que tiene ese inmueble.

Se desconoce cuántos almerienses podrán acogerse a esta medida, pero sí las entidades financieras que se han sumado al denominado Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda, entre las que se encuentran las dos cajas con las que más operan los ciudadanos de esta provincia: Cajamar y Unicaja.

El PP pretende que el apoyo a las familias que pasan apuros y que pueden quedarse sin su domicilio no se quede simplemente con el decreto-ley de la dación en pago, y para ello ha puesto en marcha medidas también en otras instituciones donde gobiernan. Así, Aránzazu Martín informó de un convenio de Ayuntamiento de Almería y Diputación con el Colegio de Abogados para prestar asistencia jurídica a las familias a las que les pesa la amenaza de un desahucio.