La Junta aprueba su plan de ajuste: se trabajará más y se cobrará menos

El Consejo de Gobierno andaluz ya ha dado luz verde al plan de ajuste, que incidirá de manera directa en más de 20.000 empleados públicos de la Junta en Almería y en centenares de trabajadores adscritos a agencias públicas en esta provincia.

A grandes rasgos, después de la aprobación del Decreto-ley de reequilibrio financiero y que deberá ser debatido ahora por el Pleno del Parlamento andaluz, el plan viene a signficar que funcionarios y personal laboral, desde médicos hasta profesores, van a pasar de trabajar 35 horas semanales a 37,5 horas y que la reducción de la masa salarial de los empleados públicos será de un 5 por ciento, aproximadamente.

Las rebajas se notarán en la nómina que la Junta ingresará a principios del mes de julio.

Los últimos datos oficiales sobre empleados públicos en Almería, vinculados con la Junta, datan de hace un año. Según éstos, en las delegaciones de las consejerías y organismo autónomos trabajan más de 3.000; en el ámbito de la docencia no universitaria más de 10.000 y en centros sanitarios de Atención Primaria y Especializada se eleva la cifra a más de 6.000. A esas plantillas hay que sumar más de 600 almerienses adscritos a la Administración de Justicia.

Las reformas del plan de ajuste se aplicarán de manera general a todos los empleados públicos, pero a la hora de recortar sus sueldos se aplicarán criterios distintos. Lo explicaba a LA VOZ DE ALMERÍA el presidente provincial de CSI-CSIF, Francisco Iglesias. “No cobran los mismos complementos un profesor que un médico o un enfermero, que perciben cantidades por nocturnidad”.

Iglesias se lamentaba de que las medidas vengan impuestas por decreto y de manera indirecta tengan incidencia en la población en materia sanitaria o educativa, aunque el hecho de que tengan que ser validadas por los tres grupos parlamentarios (PSOE, PP e IU) deja margen a futuros cambios.

También se lamentaba la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, al término del Consejo de Gobierno de ayer, pero por un doble motivo. Por un lado, que el plan se haya aprobado “por exigencias del Gobierno” de Mariano Rajoy. Por otro, que no haya sido posible el consenso con las distintas centrales sindicales a nivel autonómico.

En cualquier caso, el plan de ajuste de la Junta ha sufrido variaciones respecto al anunciado a mediados del pasado mes de mayo. Así las cosas, la Junta ya ha garantizado que ningún empleado de esta Administración percibirá una retribución inferior a los 1.000 euros por jornada completa como consecuencia de la aplicación del Decreto-ley.

Por otra parte, en el caso del personal temporal al servicio del sector público andaluz, su jornada laboral y su retribución mensual no se verán reducidas en un 15 por ciento, como se anunció el 15 de mayo, sino que se establecerá en un 10 por ciento. No será aplicable esta medida, sin embargo, al personal docente.

En su comparecencia, la consejera Aguayo destacó que, a pesar de los recortes, “en Andalucía no habrá despidos de empleados públicos ni privatizaciones”. Vino a resumir que de aplicarse a rajatabla la ampliación de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, “la Junta tendría 24.000 empleados públicos menos”.