La asistencia jurídica gratuita es un derecho básico para las economías más frágiles y, aunque está coordinada por el Colegio de Abogados de Almería, se financia con fondos de la Consejería de Justicia e Interior. Sin embargo, el pago del turno de oficio reproduce periódicamente episodios de protesta, ya sea por la cuantía ya sea por los plazos.
Ayer, un grupo de letrados se concentró a las puertas de la Ciudad de la Justicia para demandar a la Junta una deuda de 1,5 millones de euros correspondiente al ejercicio 2011, según explicó el decano José Pascual Pozo. La cantidad corresponde mayoritariamente a la segunda mitad del año, aunque quedarían sin pagar, según las cuentas del colegio, incluso el 25 por ciento del servicio de asistencia jurídica penitenciaria (en El Acebuche) de 2010.
Fuentes de la Consejería de Justicia consultadas al respecto confirman la existencia de una de la deuda que, afirman, depende de la aportación de nueva documentación a la Consejería de Hacienda. Además, apuntan que el dinero está presupuestado y el problema es burocrático.
El Colegio de Abogados, por su parte, entiende que la documentación esconde otros problemas. “En lo que corresponde a 2011 no puede haber ningún problema administrativo porque, incluso, había un compromiso de pagar en cuatro meses que no han cumplido”, señala Pozo. “Tras la toma de posesión de la nueva Consejería nos piden documentación que antes no nos pedían para, desde mi punto de vista, dilatar el asunto y decir que la culpa es de los colegios profesionales”, asevera Pascual Pascual Pozo.
La concentración tuvo una réplica en la provincia de Huelva donde, además de abogados, se manifestaron procuradores.
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