El último estudio de Unicef sobre la Infancia en España, presentado en el mes de mayo para el periodo 2012-2013, dedica su capítulo inicial al impacto de la crisis económica sobre los niños. El documento subraya el empobrecimiento de las familias y sus consecuencias sobre los niveles educativos, sanitarios y sociales de los más jóvenes, sometidos al entorno de un hogar deprimido.
Ahora, la Junta de Andalucía ha iniciado una línea de investigación nueva sobre este fenómeno y estudia con interés su particular efecto sobre las tasas de violencia juvenil, especialmente en el ámbito familiar. La Consejería de Justicia e Interior analiza la relación entre el aumento de los menores condenados por agresiones a sus padres y las condiciones socioeconómicas de estas familias en los últimos años.
Según explica Carmen Belinchón, directora general de Justicia Juvenil y Cooperación, “en la franja de 14 a 16 años se ha producido un aumento significativo de las medidas en casos de maltrato familiar, donde la crisis económica puede ser una variable y está siendo objeto de estudio”.
La tesis es sencilla. Una educación inadecuada durante los últimos años unida al empobrecimiento del hogar pueden convertir a un adolescente ‘consentido’ en un individuo violento. “La crisis puede perjudicar la educación del menor o, incluso, poner de manifiesto una educación sin límites”, expone Belinchón. “Cuando llegan los límites, estos chicos y chicas que no conocen la frustración infringen la ley y reaccionan de forma violencia contra sus padres y hermanos”.
Tratamiento
En los primeros seis meses del año, los Juzgados de Menores han impuesto 293 medidas en la provincia de Almería. En la distribución por tipos de infracciones, el maltrato familiar es el segundo criterio más frecuente, aunque todavía lejos de los delitos contra el patrimonio (vandalismo y delincuencia, por ejemplo).
Según fuentes oficiales de la Consejería de Justicia e Interior, “el maltrato familiar o violencia filoparental continúa en aumento llegando al 13 por ciento del total de delitos”.
Para atajar la violencia en menores ya condenados, la Consejería de Justicia e Interior y la Fiscalía de Menores cuentan con un amplio abanico de recursos (véase la guía de Justicia Juvenil editada en 2011 y disponible en el Portal Adriano). En medio cerrado la asociación Ginso, gestora de los centros de reforma de Oria y Purchena, cuenta con un programa especial de tratamiento ante el “alarmante aumento de casos”.
Por su parte, sin internamiento, existen los llamados grupos de convivencia educativa. “Son chicos y chicas que no están privados de libertad pero si tienen limitados sus derechos”, dice Carmen Belinchón. “Conviven con un grupo de profesionales y con jóvenes con las mismos problemas, y se está haciendo un trabajo muy importante con ellos y con sus familias de cara a la vuelta a un hogar”.
Según estadísticas de la Consejería de Justicia e Interior, en la provincia de Almería hay dos grupos educativos de chicos y chicas y en la primera mitad de 2012 se han impuesto ya 18 medidas de convivencia en estos grupos educativos. Un castigo, sí; pero sobre todo un apuesta por la reinserción.
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