El Partido Popular, a través de una inciativa presentada por la parlamentaria de Almería Rosalía Espinosa ha llevado a la Comisión de Hacienda del Parlamento andaluz una Proposición No de Ley exigiendo a la Junta que con urgencia pague el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de carácter especial a los ayuntamientos de Berja, Cuevas del Almanzora y Huércal-Overa.
Según ha señalado Espinosa, “el Gobierno de España transfirió el importe de este impuesto a las comunidades autónomas para que a su vez lo trasladaran a los ayuntamientos y, en el caso de estos tres municipios almerienses, aún no les ha llegado”.
Espinosa explica que los inmuebles de características especiales son aquellos destinados a la producción de energía eléctrica, gas y al refino de petróleo, y las centrales nucleares; a presas, saltos de agua y embalses, incluido su lecho o vaso, excepto las destinadas exclusivamente al riego; a las autopistas, carreteras y túneles de peaje; y a los aeropuertos y puertos comerciales.
Pagar como uno más
Los ayuntamientos en que están ubicados estos servicios tienen derecho a cobrar el IBI como si de otro inmueble se tratara, variando únicamente el tipo impositivo, y en el caso de los municipios de Almería en cuestión nos encontramos con el pantano de Cuevas y el de Benínar. Según los datos ofrecidos por la parlamentaria popular, a Berja se le adeuda por este concepto más de 750.000 euros, 300.000 a Cuevas del Almanzora y 650.000 a Huércal Overa.
Ya el 21 de mayo de este año, el Boletín Oficial de la Provincia publicaba una notificación de comparecencia en la que, entre los nombres de los interesados, figuraba la Agencia Andaluza del Agua a la que se le reclamaba, bajo la fórmula de providencia de apremio, el pago de ocho IBI rústicos y urbanos.
En aquel momento, fuentes de la Junta aseguraron a este periódico que el hecho de no haber pagado el impuesto se debía a que se habían detectado errores relacionados con el Catastro y que hasta que no se resolvieran no se continuaría con el proceso de pago.
Además, aseguraron que desde la Diputación se debía de haber cometido un error a la hora de incluir a la Agencia en ese listado, ya que, por el Decreto Legislativo de 2010 que recoge el texto refundido de la Ley General de Hacienda de la Junta de Andalucía, “las obligaciones de la Junta de Andalucía no podrán segurise nunca por el procedimiento de apremio”.
Además, Rosalía Espinosa ha explicado que su propuesta en comisión va acompañada de otras iniciativas para conocer el grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias de la Junta con otros Ayuntamientos de nuestra provincia que pudieran estar afectados, como pudiera ser el de Alcolea, así como las exenciones de que pudieran estar beneficiándose.
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