Los taxistas en la provincia se quejan del intrusismo en su sector y de la constante actuación de taxis-pirata. La situación es especialmente preocupante en la capital, Níjar y en varios municipios del Poniente.
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ante las numerosas quejas recibidas, ha emitido sendas resoluciones dirigidas tanto a los ayuntamientos afectados (Adra, Dalías, El Ejido, La Mojonera, Níjar, Roquetas deMar y Vícar) como a la Junta de Andalucía pidiéndoles control e inspecciones para evitar la proliferación de taxis-pirata, al tiempo que insta a estas administraciones a incoar expedientes sancionadores y ejecutarlos.
Pero, además, cree que el primer implicado en la solución del problema debe ser el propio taxista -también el cliente-, que debe denunciar los casos de los que tenga constancia.
El Defensor abrió de oficio la queja al conocer, a través de los medios de comunicación, el malestar de los taxistas por la competencia desleal de los taxistas-pirata” y conocer de boca del propio sector que “los taxistas se sienten desamparados y que están sufriendo un grave menoscabo económico”.
Según Chamizo, desde Almería, la Junta de Andalucía le reconoció que “en toda la provincia de Almería, y de forma más insistente en el Poniente, zona de Nijar, y Almería capital, se viene realizando reiteradamente transporte público de viajeros en vehículos turismo incluso con cobro individual por taxistas piratas según se ha observado, comprobado y denunciado por las distintas asociaciones del taxi”.
El presidente de la Federación territorial del taxi, con quien contactó la oficina del Defensor, le apuntó que llevan más de quince años denunciando este problema. Se quejó, asimismo el presidente de la Federación, de que “a los taxistas de verdad se les pide que se impliquen y denuncien los hechos, pero cuando se llama a la Policía Local para que venga, o ahora no pueden o no hay agentes suficientes, y todo acaba con un enfrentamiento entre taxista y pirata”, que llega incluso a los juzgados por “insultos o agresiones” y en los que, cuando hay sentencia, no se entra en el fondo de la cuestión.
La infracción se comete reiteradamente en estaciones de bus, tren, apeaderos, y parada de ruta de bus, supermercados o centros comerciales, aeropuertos, puertos y otros puntos donde han establecido “paradas” de contacto con posibles clientes.
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