Chamizo sale en defensa de los ‘irregulares’ y critica a Rafael Hernando

El Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, ha criticado que el Gobierno de la Nación esté “invitando” a marcharse del país a los inmigrantes irregulares ahora que, con la actual situación de crisis económica, “parece que no hace falta tanta mano de obra barata”.
Responde así el defensor a las declaraciones que varios dirigentes del PP, entre ellos el diputado por Almería Rafael Hernando, han realizado a lo largo de la semana a propósito de la propuesta del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de cobrar 710 euros mensuales (hasta 1.800 si tienen más de 65 años) a aquellas personas que no tengan regularizada su situación administrativa en el país a partir del 1 de septiembre.
El diputado por Almería
En concreto, el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso y diputado del PP por Almería, Rafael Hernando, dijo el martes que “lo que tienen que hacer los inmigrantes ilegales es volver a sus países” para que España “deje de ser el paraíso de la inmigración ilegal” y, al día siguiente, el secretario general del grupo parlamentario popular, Rafael Salas, señaló que “los problemas” se acabarían cuando estas personas “regularizasen sus papeles y su situación”.
Chamizo, en declaraciones a Europa Press, ha sido muy crítico ante estas afirmaciones, en primer lugar, porque las considera "contradictorias con un servicio de salud que tiene que prestar una atención universal" y, en segundo lugar, "porque exigir 700 euros anuales como si fuera un seguro privado a personas que no tienen puesto de trabajo es una invitación a que se vayan del país".
"Mientras ha hecho falta esta mano de obra barata no nos hemos dado cuenta por lo visto de que estaban aquí; y ahora que las cosas van mal parece que queremos prescindir de unas personas que no pueden volver a su país, simplemente, porque allí les queda morir y poco más", ha apostillado tras reiterar que en los países de origen de los inmigrantes "la hambruna, la sequía y los conflictos bélicos están a la orden del día".
Sin justificación económica
Para el defensor, esta iniciativa, a pesar de que "parece que va a garantizar algunos aspectos como las urgencias y la atención a menores y a mujeres embarazadas", no tiene tampoco justificación económica, ya que el gasto que representa en el conjunto de la sanidad española el colectivo de inmigrantes irregulares es "mínimo". De hecho, Salud señaló que solo representan el 0,6% en las consultas externas en la comunidad y el 0,6 en Atención Primaria.