La innovación urbanísticas que, de forma inminente, tiene previsto aprobar en pleno y de forma provisional el equipo de Gobierno de Arboleas, podría suponer el inicio del proceso que “volvería a hacer legales” las 1.900 casas que, según el alcalde de la localidad, Cristóbal García, “dejaron de serlo a partir de 2009 hasta nuestros días”.
La clave de por qué casi dos millares de viviendas pasaron de estar de acuerdo con la legalidad vigente a ser irregulares se encuentra, según el regidor arboleano, en la adaptación de las Normas Subsidiarias (NNSS) de ordenación urbana de la localidad a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). “Cuando se hizo el proceso de adaptación de las normas a la LOUA, tengo la impresión de que no se aportó la documentación necesaria para hacer una transición correcta. Al faltar información, pienso que la calificación que se le da a todas estas viviendas es la de alegales. Es decir, se declara el suelo urbano no consolidado, no adscrito a unidad de ejecución”, explica García, que compara la situación de estas casas con la de “estar en el desierto pero sin saber en qué coordenada te encuentras”. La calificación que recibirá el suelo donde se asientan la mayor parte de estas construcciones, una vez que finalice el proceso iniciado por el actual Gobierno municipal, será la de urbano consolidado.
Asesoramiento
La innovación que tiene prevista aprobar el Ayuntamiento de Arboleas es el resultado de numerosas conversaciones con los representantes de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. La Administración autonómica ha sido la que ha marcado los pasos que se debían seguir para normalizar la situación urbanística de este municipio, con la intención de “definir una ruta para delimitar todas las áreas que estén consolidadas dentro de los núcleos”, asegura el primer edil, que también subraya el “estudio pormenorizado” llevado a cabo por su Ayuntamiento “en los últimos meses” para delimitar, en cada uno de los núcleos cada “agrupación de casas”. Preguntado por la operación del Consistorio en 2009, cuando según Cristóbal García las iniciativas tomadas convirtieron en ilegales miles de viviendas, el actual regidor entiende que se debió a la “confusión” que por entonces reinaba en la Administración andaluza al afrontar la problemática urbanística. “Creo que la Junta tenía un problema sobre una idea clara acerca de cómo resolver” la situación originada. “Ya no sólo en el Almanzora y Arboleas sino en Andalucía. Por la razón que sea nos han metido en el mismo saco que el resto de ilegalidades en Andalucía, y no era así”, afirma.
El último paso a dar, por recomendación de la propia Junta de Andalucía, será la realización de una revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con el propósito de “regularizar todo el suelo urbano no consolidado dentro de los núcleos de población, junto con las construcciones que se han realizado fuera”, anulando las innovaciones realizadas anteriormente.
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