Liberados sindicales piden sus vacaciones para ganar tiempo en la negociación

Decenas de liberados sindicales en la provincia de Almería esquivan momentáneamente el decreto del Gobierno central y retrasan su regreso a los servicios de la Administración General del Estado al menos un mes. Según confirmaron fuentes de UGT y CSIF, muchos representantes de los trabajadores que se encontraban liberados han optado por pedir sus vacaciones justo a partir del 1 de octubre, fecha fijada por el Ejecutivo para la reincorporación a sus puestos, y de este modo ganan tiempo para la negociación de nuevas cuotas de representación. Aunque no han trascendido cifras exactas, el decreto afecta en torno a medio centenar de liberados en la provincia de Almería (CSIF cuenta con 22 y UGT una docena, según sus listas). Son aquellos dependientes de la Administración General, la Diputación Provincial de Almería y los ayuntamientos más grandes. De momento, sólo los adscritos al Estado y al Ayuntamiento de Almería han recibido comunicaciones sobre la aplicación inmediata del decreto, mientras la Junta de Andalucía negociará y la Diputación Provincial no ha realizado contactos al respecto.

Ahora bien, a la espera de estas negociaciones, el panorama se dibuja oscuro para los sindicatos, que perderían gran parte de su representación en las administraciones públicas. “Supone un ataque directo a los sindicatos, porque afecta a la estructura interna de la organización sindical y a los recursos que tenemos para defender los derechos de los trabajadores”, asevera Juan Pallarés, secretario general de CCOO.

Para José Ginel, secretario general de UGT, “el decreto está muy bien hecho para dar un rejonazo a la capacidad de los sindicatos”, aunque “no podrán impedir que sigamos defendiendo a los trabajadores”. En este sentido, Ascensión Requena (Federación Servicios Públicos de UGT) asegura que la medida “sólo supone más paro y ciudadanos peor atendidos”.

Francisco Iglesias, presidente de CSIF Almería, abre la puerta a las conversaciones sobre nuevas cuotas de representación sindical, aunque siempre “desde la negociación”. “Si no”, advierte, “la voluntad del Gobierno sería cargarse a los sindicatos”. “La consecuencia sería una vuelta a los años 60, todo a través de movimientos asamblearios y huelgas”, añade Iglesias. Además, precisa que las cifras totales de liberados sindicales son “muy inferiores a las que se dicen”.

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