Ochenta víctimas de ETA esperan para cobrar las ayudas de la Junta

La Junta de Andalucía creó en noviembre de 2011 el Consejo de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo, destinado a generar “medidas en los distintos ámbitos de la competencia autonómica para las personas privadas, físicas o jurídicas que hayan sufrido la acción terrorista con el fin de reparar y aliviar los daños”.
El nacimiento de este órgano coincidió con la celebración en Almería de las XI Jornadas de la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo (AAVT), que aplaudió la medida como un paso  decisivo en la asistencia a damnificados en la comunidad. Sin embargo, un año después de la aparición del Consejo Andaluz y dos de la Ley autonómica 10/2010, los afectados continúan sin recibir las ayudas y cunde cierto malestar en tiempos donde la crisis económica cuestiona  los presupuestos.
 Actualmente la AAVT tiene censadas 78 víctimas en la provincia de Almería (familia de siete asesinados y nueve heridos incluidos). El registro recoge a personas que sufrieron directamente los atentados de la banda terrorista ETA y a sus familiares directos. Todas ellas serían potencialmente beneficiarias de las aportaciones autonómicas y, según el presidente de la asociación, Joaquín Vidal, gran parte lo habría solicitado ya formalmente.
No obstante, para hacerlas efectivas se requiere la publicación de un reglamento que desarrolle la ley y es aquí donde surgen los problemas. La Junta de Andalucía todavía no ha puesto fecha para esta norma, aunque ha habido contactos a través de la Consejería de Justicia e Interior. “Esperemos que pueda ser este otoño”, desea Joaquín Vidal.
Coberturas
Pero, ¿qué coberturas ofrece la ley? Se trata de un complemento a la Ley Integral de ámbito estatal, aunque tiene rasgos propios muy importantes paras las víctimas de terrorismo en Andalucía.  Esencialmente la Junta complementa con un 30 por ciento las cantidades otorgadas por el Estado. La Ley Integral (nacional) estable indemnizaciones de hasta 250.000 euros por fallecimiento en atentado terrorista, 500.000 euros por “gran invalidez” y 180.000 euros por “incapacidad permanente absoluta”. 
Además, estás estipuladas las reparaciones completas en los daños provocados por un acto terrorista sobre la vivienda habitual del propietario, o bien la aportación del 50 por ciento del coste de la rehabilitación en segundas residencias.
En cuanto a las ayudas a heridos que sufran algún grado de dependencias, a las cantidades aplicadas a todos los ciudadanos se efectuaría un incremento entre el 10 y 30 por ciento.
Asimismo, la Ley autonómica incluye distinciones honoríficas, becas para estudios, apoyo a las asociaciones del sector, acceso a vivienda social y diversos recursos de asistencia médica y psicológica.