El PSOE asegura que ya van 900 desahucios en la provincia y quiere ponerles freno

Juan Carlos Pérez Navas, secretario de Organización del PSOE de Almería, ha asegurado que, en lo que va de año, se han ejecutado en la provincia unos 900 desahucios. Una situación a la que la formación quiere poner freno con una serie de medidas que incluirá en una proposición de ley.  Por ese motivo, ayer mantuvo  una reunión con las federaciones de consumidores de la provincia (Facua y UCA) para presentarles el texto de su Proposición “contra el desahucio, el sobreendeudamiento y la insolvencia familiar”, para que hagan sus aportaciones al texto y “dar una respuesta al desequilibrio de fuerzas” que hay entre el deudor y las entidades financieras en lo tocante a las hipotecas.
Hasta ahora, según el PSOE, las medidas han sido insuficientes. “Son medidas parciales que no abordan en su integridad el desequilibrio entre deudor y acreedor y que, además, en el caso de la dación de pago, han definido muy restrictivamente el umbral de exclusión de fiadores y deudores, por lo que el colectivo beneficiado es muy reducido”, explicó la diputada socialista Gracia Fernández.
Las medidas de la Proposición de Ley tratan de poner fin a los desahucios -en Almería van 900 en lo que llevamos de año- y que la dación en pago “sea el último recurso antes de perder la vivienda”. Asimismo plantean medidas para “evitar el sobreendeudamiento futuro, favorecer la cultura del acuerdo extrajudicial y para el respeto al derecho a una vivienda digna y el respeto de consumidores y usuarios”.
Con respecto a las medidas para equilibrar la posición del deudor con la del acreedor hipotecario, plantean que el valor de las tasaciones no sea inferior al que tuvieron las viviendas cuando se concedió el préstamo y también que se pongan límites a los intereses de demora, que “actualmente superan en muchos casos el 20%”. A ello ha sumado Fernández que se limite en cinco puntos la variabilidad del tipo de interés hipotecario. Todo ello contribuiría a minimizar los daños colaterales de la insolvencia sobrevenida a miles de familias, ya que ésta “no puede suponer una condena a la exclusión social”.