El pasado 28 de septiembre el Defensor del Pueblo Andaluz envió a la Secretaría General para la Administración Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública; su resolución derivada de la queja transmitida por un grupo de maestras de Educación Infantil que se han visto apartadas del proceso de consolidación de sus puestos de trabajo en los centros públicos de Educación Infantil que son titularidad de la Junta de Andalucía.
En dicha resolución el Defensor del Pueblo Andaluz se posiciona del lado de estas profesionales de la enseñanza y solicita al Gobierno regional que rectifique y que admita como válido el título de Maestro de Educación Infantil para optar a trabajar y consolidar la plaza en uno de estos centros de carácter público.
40 afectadas en Almería
La Junta tiene en la provincia 13 de estos centros y 40 de las maestras que trabajan en ellos temen por su puesto de trabajo. Todas ellas poseen el título universitario, pero la Junta exige estar en posesión del título de Formación Profesional de Técnico Superior en Educación Infantil.
Hasta el año 2005 la administración autonómica, en el caso de los puestos de trabajo que atienden directamente a los niños; admitía en estos centros a trabajadores con diversos títulos, incluido el de Magisterio o Maestro. A partir de ese año, una normativa de la Consejería de Hacienda y Administración Pública especifica que para ocupar un puesto de la categoría profesional ‘Técnico Superior de Educación Infantil’ es necesario poseer el título de Formación Profesional del mismo nombre.
Primera queja a la Junta
Ya el año pasado, en el mes de abril, las afectadas (varios centenares en toda Andalucía) enviaron una carta a la Consejería, que es la encargada de estos procesos del personal de la Junta. En ella catalogaban esta situación de “impropia e inadecuada, ya que nuestra titulación siempre ha sido válida para optar a las bolsas y contrataciones de esta categoría profesional, puesto que nos prepara para trabajar con el primer ciclo de Educación Infantil”.
En el año 2007 se convocó el último proceso para convertir puestos de trabajo en plazas fijas, pero no fue hasta mayo de este año cuando salió la lista de admitidos, en la que no están. Presentaron las correspondientes alegaciones y las lista definitiva saldrá en breve. Si no han sido incluidas en ella podrían emprender acciones judiciales.
No obstante, con esta resolución del Defensor del Pueblo, el colectivo afectado confía en que la administración regional cambie de parecer y modifique las condiciones de la bolsa.
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