Los equipos de tratamiento familiar siguen a pesar de la deuda de la Junta

Fue el propio vicepresidente primero de la Diputación quien anunció el ultimátum a la Junta y aseguró, a finales de verano, que si no la administración andaluza no pagaba todo lo que debía de los diversos programas de servicios sociales -una cantidad que, según la Diputación, supera los cuatro millones de euros- no se renovarían ninguno de estos convenios de colaboración.

Sin embargo, la Junta de Gobierno celebrada ayer aprobó prorrogar el convenio de Equipos de Tratamiento Familiar con la Consejería de Salud y Bienestar Social, a pesar de que ésta aún le adeuda 348.371 de los 483.840 de la subvención concedida para el periodo 2011-2012.

Según el vicepresidente primero y portavoz, Javier Aureliano García, esta decisión se ha adoptado haciendo un “ejercicio de responsabilidad y pensando en los 15 trabajadores del programa, las 133 familias y los más de 300 niños que se benefician de él”.

Menoscabo para las arcas
García ha asegurado que mantener el convenio va a suponer un esfuerzo por parte de la Diputación, que supondrá un menoscabo para las arcas provinciales y que desde la Intervención de la Diputación se habla de una “delegación implícita” de competencias por parte de la Junta, ya que al final, es la institución provincial la que se está haciendo cargo del pago de unas nóminas que no le corresponden.

En este sentido, el portavoz ha vuelto a exigir a la Junta que “cumplan los compromisos que han firmado, pero sobre todo, las competencias que le corresponden”.

Por otra parte, la Junta de Gobierno también ha adjudicado obras por un importe de 350.374 euros correspondientes a mejora de las redes urbanas del ciclo del agua de Alhama (170.165 euros) y urbanizaciones en Tabernas (180.208).

Asimismo, ha aprobado el expediente para cinco actuaciones en cuatro municipios: ampliación del cementerio de Canjáyar (209.800 euros); el último tramo de la conducción de Las Juntas al depósito de Ocaña (61.525); obras de la planta de tratamiento de agua potable y de abastecimiento en Alicún (69.718 y 72.000 euros, respectivamente) y un colector en Alhabia (89.500).

Por último, en la reunión de ayer se dio luz verde a la adquisición de terrenos por valor de 4.749 euros, correspondiente a una compra para ejecutar obras provinciales en las Carreteras AL-3410 de la A-92; y AL-4401 de Cánjayar a la Barriada de Alcora.