Los derechos pendientes de cobro ‘ficticios’ entre 2006 y 2011 fueron de 122 millonesd

El Ayuntamiento sigue desvelando ‘por capítulos’ las conclusiones de la auditoría externa realizada entre 2006 y 2011, coincidiendo con los años de gobierno de Juan Enciso como primer edil. El informe de la empresa ATD Auditores revela que se produjeron rectificaciones por anulación de derechos pendientes de cobro por valor de 122 millones de euros. Estas cantidades quedaban reflejadas en el apartado de ingresos de los presupuestos municipales del consistorio ejidense, pero “nadie debía ese dinero”.

Así se iba “desvirtuando” periódicamente el estado de ejecución de las cuentas públicas hasta dibujar una imagen que distaba mucho de la realidad económica real. “Se había generado una ficción porque parecía que al Ayuntamiento todo el mundo le debía dinero, pero que nadie pagaba cuando la realidad era, como revela la auditoría, que esas cantidades que se iban quedado reflejadas como derechos pendientes de cobro se rectificaban de forma sistemática año tras año porque la verdad es que nadie debía ese dinero”, ha puntualizado el portavoz del equipo de gobierno, José Francisco Rivera.

El Consistorio ha informado de que en la liquidación del presupuesto de 2010, realizada en 2012, se produce una anulación de derechos por más de 75 millones de los que casi 50 se correspondían a derechos de gestión y convenios urbanísticos, más de siete millones a anulaciones de derechos de recaudación de impuestos indirectos y cuatro millones a transferencias corrientes.

Ventas que no existieron
Concretamente, el informe de la Cámara de Cuentas de junio de 2012 sobre la fiscalización de las ‘tasas por utilización del dominio público por empresas explotadoras de servicios de suministro’ se refiere a la última modificación del actual equipo de gobierno e indica que se han efectuado rectificaciones como consecuencia de reconocer derechos por la enajenación de parcelas municipales sin que se hubiese procedido a su venta. La consecuencia más significativa, a juicio de Rivera, es “la no adopción de medidas correctivas en tiempo y forma” establecidas por ley y el endeudamiento actual del Consistorio que “lastra” cualquier actuación de gestión de los ingresos.