Cientos de expedientes de la Ley de Dependencia están paralizados

En Almería, actualmente hay 18.589 personas beneficiarias de la Ley de la Dependencia, una cifra similar a la registrada a principios de año (18.985). La mayor parte de estos usuarios (10.675) reciben una prestación económica para el cuidado en su entorno de la persona dependiente. El resto son atendidos a través de servicios como las residencias, las unidades de estancias diurnas, la ayuda a domicilio o la teleasistencia.
Son datos a fecha del pasado viernes de la Delegación de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. El que en 11 meses apenas se haya incrementado el número de usuarios de la Ley de Dependencia en 400 personas viene a corroborar lo que sostiene el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo: Que se ha paralizado la tramitación de expedientes de la Ley de Dependencia. Algo que tampoco desmiente la Junta de Andalucía, responsabilizando al Gobierno de la situación.
Muchos meses
Chamizo, en declaraciones a  LA VOZ DE ALMERÍA, ha explicado que “llevamos ya muchos meses con esa situación”. Apunta que, los recortes por la crisis están propiciando en buena medida la situación. “Son muchas las personas que están pendientes del reconocimiento de su situación de dependencia y se les ha suspendido la tramitación”, refiere.
“Si bien es verdad que no son los grandes dependientes los afectados”, según Chamizo, los dependientes “severos y leves” llevan hasta un año esperando una resolución y “se les está dando largas”.
El Defensor del Pueblo ha solicitado varios informes sobre la situación, pero apunta que, desde la Junta, le señalan que “Madrid no manda dinero y Andalucía no tiene”. “El caso es que no se resuelve la situación”, critica Chamizo, que asegura que las quejas no dejan de entrar en la Oficina del Defensor
Por su parte, desde la Delegación de Bienestar Social se afirma que el Gobierno ha introducido una serie de modificaciones en la Ley de la Dependencia, que “básicamente suponen que se ha reducido la aportación del Gobierno central a la financiación de las prestaciones reconocidas en esta ley, y se ha retrasado hasta 2015 el derecho a la prestación para los dependientes moderados (Grado I) y se han modificado los baremos y endurecido las condiciones para acceder a los grados II (dependencia grave) y (dependencia severa) III”.
Mantener las prestaciones
Según Alfredo Valdivia, responsable político de la Delegación de Salud y Bienestar Social, “entre otras cosas, esto supone, por ejemplo, que Andalucía va a recibir este año casi 89 millones de euros menos para afrontar los servicios ligados a la Dependencia y que se penaliza especialmente a nuestra comunidad autónoma, que ha sido una de las que más ha trabajado en la aplicación de la ley y más agilidad ha actuado para valorar a los solicitantes y asignarles el recurso correspondiente”.
Para Valdivia, “mantener las prestaciones de los usuarios que tienen reconocido su nivel de dependencia y el número de usuarios actuales en estas circunstancias, en las que el Gobierno central deja de aportar cerca de 89 millones de euros, es el mejor ejemplo de la apuesta de Andalucía por la Dependencia, sobre todo cuando las modificaciones estatales no dejan margen de maniobra a las comunidades autónomas”.
Sea como fuere, hay cientos de expedientes pendientes de su tramitación completa que afectan a personas dependientes en la provincia y que llevan esperando, en muchos casos, prácticamente un año una resolución.