El PP reclama la dimisión de Recio y Soler por los ERE

El portavoz del PP-A en el Parlamento de Andalucía, Carlos Rojas, presentó ayer un avance de las conclusiones que su grupo presentará este viernes a la comisión de investigación creada en la Cámara autonómica sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta y en las que pide la dimisión, como “principales responsables políticos”, del expresidente y presidente del Gobierno andaluz, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, respectivamente; de la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo; del consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Avila, y de otros doce excargos de la Administración autonómica entre 2011 y 2010.

Estos doce excargos, para los que el PP-A solicita la dimisión de las responsabilidades públicas que ostenten en la actualidad, son los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera, Antonio Fernández y Manuel Recio - éste es en la actualidad parlamentario autonómico del PSOE de Almería-; los exviceconsejeros de Empleo Agustín Barberá y Justo Mañas; los exdirectores de la Dirección General de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera; los exconsejeros de Innovación Francisco Vallejo y Martín Soler -fuera de la política activa-; la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Alvarez y el exconsejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías.

Por su parte, el PSOE-A situará las responsabilidades en la Dirección General de Empleo, al frente de la cual han estado en los últimos años varios de los actuales imputados judicialmente por este caso, al entender que ese es el “kilómetro cero” desde el que partieron expedientes que se llevaron a cabo correctamente o no.

El portavoz del grupo socialista en el Parlamento, Francisco Alvarez de la Chica, ha manifestado que en las conclusiones que el PSOE-A planteará ante la comisión de investigación se pondrá de manifiesto que la partida 31L de ayudas sociolaborales era “legal” y, en modo alguno, se trataba de un “fondo de reptiles” o una partida opaca.

En el plano judicial, el caso ERE abrió ayer un nuevo capítulo. El juez sustituto del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Iván Escalera, ha decretado el secreto de sumario por un plazo “no superior a un mes” de la causa a fin de ampliar la investigación sobre personas no imputadas e indagar la presunta comisión de delitos de asociación ilícita, cohecho y blanqueo de capitales, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

Así, el juez atiende la petición realizada por la Guardia Civil y decreta el secreto “total” de las actuaciones para todas las partes personadas, a excepción de la Fiscalía Anticorrupción, “por el tiempo imprescindible y plazo no superior a un mes”, todo ello a fin de que la Unidad Central Operativa (UCO) “complete las diligencias de investigación que le vienen encomendadas, las cuales se extenderán asimismo para el descubrimiento y esclarecimiento” de los delitos referidos.