UGT, CSIF y CC.OO han valorado para este diario el documento enviado por la Junta de Andalucía al Gobierno Central en el que aparecen 9 puntos de encuentro para consensuar la reforma educativa que el Partido Popular quiere llevar a cabo.
Coinciden en que todos son asumibles por lo genéricos que son, que la Junta debería haber llamado a sindicatos y familias para consensuarlo y que el Gobierno regional debería predicar con el ejemplo en algunas de las medidas propuestas. Inciden en que lo peor de la reforma del PP son las reválidas excluyentes y la falta de participación de la comunidad educativa en la toma de decisiones.
Eugenia Siles, de CSIF, afirma que “son puntos muy obvios y genéricos, con lo que cualquiera está de acuerdo con ellos. Pero lo cierto es que la Junta de Andalucía parece que se olvida de las competencias que tiene y que puede hacer mucho más de lo que hace en muchos de esos aspectos. Por ejemplo, podría haber incorporado el recreo como hora lectiva para cumplir con el decreto estatal de las 20 horas semanales y así no se habría ampliado el horario de los docentes y muchos interinos estarían ahora trabajando en un centro educativo. Podría haber contratado más profesores de apoyo, podrían haber desdoblado más grupos y así habrían entrado a trabajar más docentes. Lo que pasa es que la excusa del decreto del Gobierno Central le ha venido muy bien”.
Para la portavoz de CSIF “pasa igual con la Formación Profesional, ya que la Junta le dice al Ministerio que hay que reforzarla, pero la administración regional no amplía los ciclos formativos, con lo que hay miles de personas esperando para estudiar. Con la demanda que hay, la Junta no lo amplía. Es un perfecto decálogo de lo que debe ser la educación pública, pero la Junta debería hacer algo más que pedir al Gobierno y dar ejemplo con sus políticas educativas”.
Carmen Vidal, de UGT, dice que “nos hubiera gustado habernos sentado con la Junta de Andalucía, en la mesa sectorial, y haber ofrecido nuestras ideas; de forma que la propuestas elevada al Gobierno Central habría tenido el respaldo de toda la comunidad educativa”.
Esta responsable sindical incide en que “para nuestro sindicato lo peor de la reforma que quiere implantar el Partido Popular es que no ha contado con el consenso de docentes y familias; y que segrega al alumno desde muy temprana edad, desde tercer curso de Primaria, mediante evaluaciones hechas por personas externas al centro, que no conocen al alumnado. Además, se va a hacer un ranking de centros, con lo que es una ley mercantilista. Quieren copiar el modelo de Inglaterra o Alemania y está dando como resultado el fracaso escolar”.
Por su parte, Antonio Valdivieso, de CC.OO, critica que “la Junta no ha contado con las organizaciones sindicales ni con ninguna organización de la comunidad educativa. Aunque es cierto que existen mas o menos coincidencias en algunas de las apreciaciones del documento sobre los aspectos mas controvertidos del nuevo proyecto de ley orgánica”.
Respecto a la propuesta de reforma del PP, Valdivieso afirma que “contiene propuestas autoritarias y favorece la quiebra del principio de igualdad, transparencia, mérito y capacidad en la definición de las plantillas docentes de los centros”.
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