El exalcalde de Níjar dice que la finca era municipal pero que publicaron el edicto de inmatriculación

El exalcalde de Níjar, Joaquín García, y el exsecretario municipal, Fernando Gómez, que enfrentan a seis meses de prisión y 18 meses de inhabilitación acusados de infidelidad en la custodia de documento público, aseguraron el martes que publicaron y diligenciaron el edicto para la inmatriculación de una finca promovida por los demandantes si bien defendieron  que la citada finca era de propiedad municipal.

Ante el tribunal con jurado popular que comenzó en la Sección Primera, García afirmó no encontrar explicación al hecho de que no existiera constancia de esos trámites obligados por la Ley Hipotecaria en el Registro de la Propiedad e indicó que el edicto se remitió a través del registro de salida municipal y, posteriormente, a través de una comisión municipal “que llevó en mano fotocopias de lo remitido al registrador”.

García, a quien la Fiscalía acusa de maniobrar junto al exsecretario municipal para evitar que se publicase el citado edicto, señaló que en sus 27 años al frente de la Alcaldía nijareña dio “libertad” a sus funcionarios “en su forma de trabajar, siempre respetando la ley” y rechazó que fuese responsable de su publicación, competencia que ha atribuido a Gómez.

Argumentó, en esta línea, no tener conocimiento concreto del documento objeto del procedimiento. "Había cientos y cientos de edictos y, diariamente, firmaba entre 300 y 400 escritos. Nunca he podido leer todos los documentos presentados", apuntilló para, a continuación, remarcar que "siempre" ha actuado "en bienestar" de Níjar. "Siempre he dormido tranquilo como alcalde".


El exregidor señaló que cuando los demandantes inmatricularon la finca, ubicada en la pedanía de Aguamarga, había "indicios" de que "habían cogido 500 metros" en el Registro de la Propiedad e hizo referencia a una resolución de lo contencioso-administrativo que confirmaría que esta, donde se levanta un parque infantil, "era municipal".


Por su parte, Gómez, quien desempeña en la actualidad el cargo de secretario en el Ayuntamiento de Almería, defendió que cumplimentó el trámite al que le obliga la Ley Hipotecaria y afirmó que, una vez que diligenció el edicto en el registro de salida, "ya no controlo lo que pasa". En esta línea, remarcó que su obligación era "cuidar de que se expusiese en el tablón y diligenciarlo, como hice".


Al hilo de esto, subrayó que se trataba de una inmatriculación "indebida" y que apuntaba a que podía ser doble al establecerse que la finca era de titularidad municipal, un extremo que la fiscal ha indicado al jurado popular que "debía decidir, en todo caso, un juez". "No tenía que haberse inscrito", insistió el funcionario.


Gómez justificó que el edicto se diligenciase dos días antes de que terminase el plazo de exposición público en el tipo de edicto. En esto punto, la presidenta del tribunal, la magistrada Lourdes Molina, quien le advertió de que estaba incurriendo en respuestas contradictorias a preguntas de la acusación y de la defensa.

La vista oral continuará mañana jueves una vez concluidas las declaraciones de los acusados que han debido ser aplazadas a las 17.00 horas después de una de las integrantes del jurado abandonase por error el Palacio de Justicia y tuviera que ser localizada por teléfono para indicarle que debía volver para constituir la sala y celebrar el juicio.