La empresa municipal Almería XXI, destinada a facilitar el acceso a una vivienda y a la promoción de vivienda social, ha planteado la posibilidad de poner en alquiler aquellos inmuebles de protección oficial con dificultades para su venta, si bien se descarta la posibilidad de que éste sea un alquiler social o que las casas se utilicen para realojos.
Así lo han indicado a Europa Press fuentes municipales, quienes han señalado que se solicitará una autorización a la Junta de Andalucía para que permita realizar las modificaciones oportunas que den lugar a que las VPO destinadas a la venta puedan pasar al régimen de alquiler o de alquiler con opción a compra.
En este sentido, actualmente existen unas 15 vivienda en la zona de La Cañada y Los Molinos destinadas a su venta, si bien la adquisición de las mismas se ve limitada ante el contexto económico actual. Así, desde la empresa municipal se aboga por tratar de fomentar su alquiler "en lugar de dejarlas en desuso"; una práctica que podría extenderse a promociones futuras en caso de que la Junta autorice los cambios. Se trata de una inciativa del Grupo Municipal de Izquierda Unida. El portavoz de IU, Rafael Esteban, hizo esta propuesta en el Consejo de Administración de Almería XXI, porque considera que en estos momentos de grave crisis económica “se hace necesario por parte de las administraciones públicas dar más opciones a los ciudadanos más allá de la propiedad”.
Esta propuesta da más sentido a la finalidad que tiene que tener una empresa de la vivienda pública, al objeto de dar otras alternativas. Además, se da la circunstancia de que son numerosas las viviendas que Almería XXI construye y que no se venden. “La empresa pública debe jugar ante todo un papel social, y no convertirse en un mero promotor inmobiliario, y adaptarse a las nuevas circunstancias que la sociedad reclama. En estos momentos económicos, este grupo municipal cree que es el tiempo de cambiar la política de la vivienda que construye el Ayuntamiento y girar a otros modelos que pueden solventar situaciones sociales, familiares, muy complicadas”, sostiene Rafael Esteban.
Izquierda Unida espera que esta propuesta, ahora en estudio, sea aceptada por el Partido Popular. “En política hay que anticiparse a los problemas de los ciudadanos, y por tanto, es el momento de destinar las viviendas vacías y las próximas que se construyen con dinero público a solventar las dificultades económicas que algunos ciudadanos tienen para acceder a una vivienda. Ahora, creo, que toca al alquiler y a precios asequibles”, explica Rafael Esteban.
Competencias
Con esto, fuentes municipales han recordado que las competencias en materia de Vivienda corresponden al Gobierno andaluz, por lo que esperan que éste "no traslade a los ayuntamientos su responsabilidad y asuma sus competencias". En este sentido, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, anunció recientemente ante el Pleno del Parlamento que ha solicitado a los ayuntamientos andaluces que pongan a su disposición sus parques de viviendas para poder realojar a las personas desahuciadas.
A tenor de esto, desde el Consistorio han señalado que la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) dispone de alrededor de 70.000 viviendas en todo el territorio andaluz, "muchas de las cuales están desocupadas y que podrían ser puestas a disposición de las familias desahuciadas". En esta misma línea, el Parlamento andaluz rechazó una moción del PP-A en la que se ped&i
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