El PSOE moviliza a sus alcaldes y ediles para “no cometer más errores”

El PSOE de Almería va a movilizar a sus casi 40 alcaldes y 400 concejales para asumir como propio el problema de los desahucios en la provincia. Lo anunció ayer el secretario general de los socialistas, José Luis Sánchez Teruel, en la presentación de un foro monográfico sobre este asunto.

Junto a esa movilización municipal, también se va a activar a las distintas agrupaciones locales, “para darlo todo por el empleo y la vivienda”. Ese “darlo todo” se traducirá tanto en el asesoramiento político como municipal a través de oficinas que se pretenden crear en los ayuntamientos, como ya ha hecho la Junta. En los pueblos donde gobierna el PSOE, la medida se aprobará. Donde son oposición, se pedirá al equipo de Gobierno.

El conjunto de iniciativas socialistas se dio a conocer en una comparecencia a la que asistió como principal ponente el portavoz adjunto en el Congreso, Antonio Hurtado, junto a las diputadas almerienses Consuelo Rumí y Gracia Fernández.

En sus declaraciones, José Luis Sánchez Teruel hizo autocrítica y reconoció “errores” para no corregir la ‘Ley de desahucios’ durante los ocho años del Gobierno de Zapatero. “Si en otro momento cometimos errores, en este momento no queremos cometer ni uno más. Por eso va a trabajar todo el partido para parar la sangría injusta de los desahucios”, dijo literalmente el secretario provincial del PSOE.

Consideró Teruel que las últimas medidas aprobadas por el Gobierno, más que ayudar a las familias que sufren la amenaza de quedarse sin vivienda, “protegen los intereses” de las entidades financieras, bancos y cajas de ahorro. “El Ejecutivo -enfatizó- está ciego y no quiere ver este problema”.

En parecidos términos se expresó, aunque de forma más extensa el portavoz adjunto en el Congreso, Antonio Hurtado.

Días después de conocerse el ‘desencuentro’ con el Gobierno por las nuevas medidas, Hurtado apuntó algunas de las causas para que no contaran con el apoyo socialista. “La supuesta moratoria que se ha aprobado es sólo una suspensión de la última fase de la ejecución hipotecaria, el lanzamiento, y además no evita que se inicien otros procesos nuevos, lo que supone que se siguen generando intereses de demora, que en este país son una usura y llegan al 20%”, explicó.