La crisis económica golpea con dureza a las familias almerienses y coloca a miles de ciudadanos en situación de emergencia, sin trabajo, sin ingresos y a menudo con la amenaza real de perder su hogar. Desde 2008, sólo en la provincia de Almería se ejecutan a diario cuatro desalojos de inmuebles, según datos del Poder Judicial.
Para ayudar a estos vecinos y frenar la sangría de desahucios, el Ayuntamiento de Almería impulsó hace seis meses, en colaboración con el Colegio de Abogados de Almería y la Diputación Provincial, un programa pionero en la asistencia de afectados por la hipoteca. No se trata únicamente de una medida solidaria, sino de una completa atención social y jurídica especializada con resultados contrastados. Es la Oficina de Intermediación Hipotecaria de Almería, la primera iniciativa de esta naturaleza en la provincia.
“Muchas veces la gente que se ve afectada por esta situación no sabe dónde acudir y creemos que es muy importante que puedan conocer y ejercer sus derechos”, explica Aránzazu Martín, concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Almería. La oficina pretende asistir a los ciudadanos en esa misión.
El proyecto nació de la voluntad del Consejo General de la Abogacía Española de poner en marcha unos gabinetes de asesoramiento jurídico en materia hipotecaria. Muchos colegios provinciales se interesaron por el proyecto, pero sólo unos pocos encontraron el apoyo necesario para materializarlo. Almería fue una de ellas.
El concejal de Economía y Territorio, Pablo Venzal, hijo del antiguo decano del Colegio de Abogados Simón Venzal, llevó la propuesta al Ayuntamiento de Almería y en el mes de julio un apretón de manos entre el alcalde Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, el presidente de la Diputación, Gabriel Amat, y el decano de los abogados, José Pascual Pozo, certificó el nacimiento de la Oficina Hipotecaria.
Solicitudes
Desde su puesta en marcha “el número de usuarios ha crecido exponencialmente”, en palabras del vicedecano José Ramón Ruiz Medina. Según estadísticas facilitadas por la concejal Aránzazu Martín, 131 familias de la capital han pedido ayuda en el gabinete y casi un 60 por ciento alcanza solución a su caso.
El funcionamiento es tan sencillo como efectivo. “Los cuatro centros sociales recogen las solicitudes de los ciudadanos en Rambla Belén-Amatisteros, Nueva Andalucía, Ciudad Jardín y Casco Antiguo. Luego se fija una cita con los abogados, que se ocupan de realizar las gestiones con las entidades financieras”, expone Aránzazu Martín. “Hay que agradecer el gran trabajo que realizan los técnicos de los servicios sociales comunitarios, hacen un enorme esfuerzo a pesar de que estamos desbordados”, apostilla la responsable del área.
Aunque el programa surgió como un proyecto casi experimental, el Ayuntamiento de Almería piensa en reforzarlo el próximo año. Según señala Martín, en enero se efectuará una nueva reunión de seguimiento y se perfilarán las necesidades de un servicio cada con vez mayor aceptación. No en vano, Ruiz Medina asegura que ya tienen decenas de expedientes en el Colegio de Abogados para examinar tras la Navidad.
Además, el Consistorio capitalino dará un paso más y enviará una carta a las entidades financieras de la ciudad para solicitar apoyo en este proceso de mediación, es decir, con el objetivo común de encontrar soluciones. “Si ya es importante que el ciudadano vaya con un abogado, más aún si tiene el apoyo del Ayuntamiento y la Diputación”, destaca Martín. El 2013 abre nuevas expectativas.
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