Dos jubilados recurrirán al Tribunal Europeo para salvar su casa alegal

Una pareja de jubilados británicos intentará frenar la demolición de su vivienda, ubicada en Albox, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La justicia española ya dictó una orden de derribo tiempo atrás contra la que no cabe recurso alguno.

Como último recurso para intentar que su hogar no sea derruido, esta pareja de jubilados ha decidido encomendarse directamente al Tribunal de Estrasburgo, encargado de velar por el cumplimiento de las obligaciones de los Estados para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. La decisión de estos vecinos de Albox cuenta con el respaldo de dos asociaciones de afectados por las viviendas irregulares que financian su causa: Abusos Urbanísticos Almanzora No (AUAN) y SOHA, siglas en inglés de la asociación Salvar Nuestras Casas en Axarquía.
“Creemos que no hay otra opción”, ha asegurado la presidenta de AUAN, Maura Hillen. “En el caso de Len y Helen Prior, el Tribunal Constitucional deliberó durante dos años sobre la cuestión de demoler o no la casa, mientras que la vivienda ya había sido aplastada. Incluso si la indemnización es en realidad otorgada por los tribunales españoles, pueden tardar hasta quince años en recibir el dinero. No debe haber más demoliciones sin indemnización previa”. entiende la presidenta de la asociación del Almanzora.

Derecho fundamental
En la misma línea se ha pronunciado para LA VOZ el abogado de AUAN, Gerardo Vázquez, quien considera que tras años recorriendo “el laberinto judicial español”, no hay más salida posible para esta pareja de jubilados que la de presentar su caso ante la Corte Europea de Derechos Humanos. “El problema es que el derecho a la propiedad en España no se considera un derecho fundamental, pero este país ha firmado un tratado, que es el Protocolo Número 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que sí garantiza el derecho a la propiedad, y eso vincula a España”, explica Vázquez.

Los argumentos esgrimidos ante el Tribunal Europeo se centrarán precisamente en el convenio suscrito por España, a la espera de que el tribunal internacional les de la razón, algo que no han conseguido en la lucha llevada a cabo ante la justicia española para mantener su casa en pie. Los afectados acudirán a Europa con la esperanza de que “allí sean más sensibles con los derechos de los propietarios de lo que hasta ahora han sido las autoridades españolas”, tal y como reconoce el letrado de AUAN.

Hasta el momento, tan sólo la vivienda del matrimonio Prior ha sido demolida en la provincia de Almería. Aún así, existen decenas de sentencias a favor de la demolición de viviendas irregulares, una problemática que se centra sobre todo en los municipios del Valle del Almanzora.