Molina reconoce que ha existido un evidente retraso, pero pide cautela

La presidenta de la Audiencia Provincial de Almería, Lourdes Molina, ha asegurado que la suspensión del ingreso en prisión de Raúl R.F., imputado por la muerte de la niña onubense de 16 meses, acordada por el Juzgado de lo Penal número 4 se “adoptó dentro de las pautas de comportamiento” para este tipo de casos, si bien ha indicado que ha existido “evidentemente retraso” en la tramitación, un extremo que ha achacado a que en ese órgano existen “cerca de 2.000 ejecutorias”.

Molina ha descartado en esta línea que proceda comparar este caso con el crimen de Mari Luz Cortés y ha demandado “cautela” en relación a lo dicho por el abogado que ejerce la acusación particular de la familia de la víctima, quien ha lamentado la “lentitud” de la Justicia y ha exigido “explicaciones técnicas” de porqué Raúl R.F. no se encontraba cumpliendo la pena de dos años y tres meses a la que fue condenado en firme por malos tratos a su novia menor de edad.

“No se puede anticipar y hacer una valoración apresurada de estas situaciones porque causan gran alarma”, ha trasladado, al tiempo que ha abogado por “estudiar cuál ha sido el proceso que ha seguido el asunto y las incidencias que se han producido durante su tramitación para ver si ha sido la adecuada o ha habido negligencia”. "Por un hecho desgraciado no vamos a cargar las tintas sobre la persona que ha resuelto”, ha apuntillado.
Molina, quien ha insistido en que no le parece “vía adecuada” hacer “comparación” entre los casos de la bebé y de Mari Luz Cortés, ha afirmado que el “retraso” es un “mal” que están “padeciendo todos” los órganos judiciales y ha hecho referencia al plan de refuerzo de los juzgados de lo Penal implantado en Almería “y que se ha prolongado hasta marzo después de un informe demoledor” del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Tras remarcar que centrar la atención mediática en este caso particular sin atender al contexto resulta, a su juicio, “desafortunada e, incluso, injusta”, ha recordado que la ley “no impone” en caso de recurso de amparo la suspensión del procedimiento ya que “se abriría de esa forma el camino a dilaciones indebidas y sistemáticas”.
Molina ha destacado que “no se pueden establecer criterios generales” y ha indicado que cada juez “valora en cada caso particular y concreto” las “posibilidades” que tiene de prosperar un recurso.

Estuvo en El Acebuche
Por otro lado, el imputado por el secuestro y muerte de la niña onubense de 16 meses, Jonathan Moya González, está pendiente de ser enjuiciado en cuatro procedimientos por delitos de estafa por los que se enfrenta a penas que suman nueve años y seis meses de prisión y estuvo en el centro penitenciario de El Acebuche condenado en firme por otro delito de estafa, aunque fue puesto en libertad el pasado 27 de julio tras cumplir la pena.

Según han informado fuentes judiciales, ha sido condenado entre 2008 y 2010 en cuatro ocasiones a penas que, en total, ascienden a dos años de cárcel, en su mayoría por planear y ejecutar operaciones fraudulentas de compraventa de vehículos y turismos.